Estados Unidos impuso el viernes sanciones a 12 personas con cargos directivos en AO Kaspersky Lab, alegando riesgos de ciberseguridad, un día después de que la administración Biden anunciara planes para prohibir la venta del software antivirus de la empresa rusa.

Las sanciones apuntaban a la cúpula de la empresa, incluidos el director de desarrollo empresarial, el director de operaciones, el director jurídico y el jefe de comunicaciones corporativas, entre otros. El Departamento del Tesoro no designó a Kaspersky Lab, ni a sus empresas matrices o filiales, ni a su consejero delegado, Eugene Kaspersky.

La acción de hoy contra la cúpula de Kaspersky Lab subraya nuestro compromiso de garantizar la integridad de nuestro dominio cibernético y de proteger a nuestros ciudadanos contra las ciberamenazas maliciosas, declaró en un comunicado el subsecretario del Tesoro, Brian Nelson.

Las medidas demuestran que la administración Biden está intentando acabar con cualquier riesgo de ciberataques rusos derivados del software de Kaspersky y seguir apretando a Moscú, ya que su esfuerzo bélico en Ucrania ha recobrado impulso y a Estados Unidos se le han agotado las sanciones que puede imponer a Rusia.

AO Kaspersky es una de las dos unidades rusas de Kaspersky Lab incluidas el jueves en una lista de restricciones comerciales de Comercio por cooperar presuntamente con la inteligencia militar rusa para apoyar los objetivos de ciberinteligencia de Moscú.

Esa medida se unió el jueves a una prohibición sin precedentes de las ventas, reventas y actualizaciones de software de los productos Kaspersky en Estados Unidos a partir del 29 de septiembre.

Las autoridades estadounidenses afirman que el software plantea graves riesgos, citando la influencia de Rusia sobre la empresa, el acceso privilegiado del software a los sistemas de un ordenador que podría permitirle robar información sensible de ordenadores estadounidenses, y su capacidad para instalar malware y retener actualizaciones críticas.

La designación anunciada el viernes prohíbe a las empresas o ciudadanos estadounidenses comerciar o realizar transacciones financieras con los ejecutivos sancionados y congela los activos que posean en Estados Unidos. (Reportaje de Kat Jackson, Doina Chiacu y Alexandra Alper; Edición de Caitlin Webber, Rod Nickel y Louise Heavens)