En una larga sentencia, el tribunal rechazó el intento de derogar el artículo 20.3.3 del código de infracciones administrativas, que prohíbe "las acciones públicas destinadas a desacreditar el uso de las fuerzas armadas".
Los activistas, entre ellos el grupo de defensa legal OVD-Info y la organización de derechos humanos prohibida Memorial, habían presentado el caso en abril, alegando que violaba artículos de la constitución rusa, entre ellos los relativos a la libertad de expresión y la libertad de conciencia.
Uno de los demandantes era Ilya Yashin, un político de la oposición que fue multado tres veces por declaraciones contra la guerra en virtud del artículo 20.3.3 y posteriormente condenado a ocho años y medio de prisión el pasado diciembre acusado de difundir "información falsa" sobre el ejército.
En una larga sentencia sobre la demanda de Yashin, el Tribunal Constitucional dijo que las decisiones tomadas por los órganos estatales para "defender los intereses de la Federación Rusa y de sus ciudadanos y apoyar la paz y la seguridad internacionales" no podían cuestionarse arbitrariamente sobre la base de opiniones subjetivas.
Hacerlo, dijo, significaría negar "el carácter legal de la Federación Rusa, la supremacía de su constitución y el deber de cumplir sus prescripciones, lo que en virtud de la constitución de la Federación Rusa es inadmisible".
Violetta Fitsner, abogada de OVD-Info, calificó la sentencia de vergüenza.
Otra de las denunciantes, Maria Nemova, dijo que la sentencia confirmaba que el objetivo de la ley era suprimir la disidencia: "Sólo las personas que apoyan la guerra pueden hablar, y las que no están de acuerdo deben permanecer en silencio".
Las autoridades han iniciado más de 6.500 casos en virtud del artículo 20.3.3, según OVD-Info, incluso contra personas que organizaron manifestaciones en solitario contra la guerra, publicaron sus opiniones en Internet o llevaban símbolos contra la guerra en su ropa.
Los individuos se enfrentan a una multa inicial de hasta 50.000 rublos (595 dólares). Si reinciden, pueden enfrentarse a cargos penales por "desacreditar a las fuerzas armadas", que conlleva una pena de prisión de hasta cinco años, mientras que difundir "información falsa" sobre el ejército se castiga con hasta 15 años.
