La tarjeta Aadhaar, que tiene un número único vinculado a las huellas dactilares, el rostro y el escáner ocular de un individuo, pretende bloquear los robos y las filtraciones en los planes de bienestar de la India. Pero los críticos temen que pueda generar un estado de vigilancia.

La oficina de información de prensa retiró la advertencia dos días después de haberla emitido, diciendo que el comunicado se publicó en el contexto de un intento de uso indebido de una tarjeta Aadhaar editada, y que se retiraba "en vista de la posibilidad de la mala interpretación".

El nuevo comunicado decía que el ecosistema Aadhaar contaba con características adecuadas para proteger la identidad y la privacidad de los usuarios, y que sólo se aconsejaba a los usuarios que ejercieran la "prudencia normal".

El comunicado del viernes había aconsejado a la gente que no compartiera fotocopias de su Aadhaar con ninguna organización porque podría ser utilizada indebidamente. "Las entidades privadas sin licencia, como los hoteles o las salas de cine, no están autorizadas a recoger o guardar copias de la tarjeta Aadhaar", decía el comunicado inicial.

La advertencia desató la alarma en las redes sociales, ya que las capturas de pantalla del comunicado de prensa y los artículos de prensa se hicieron virales, y el asunto se situó entre los 10 temas más trending topic de la India en Twitter el domingo.

"¡Puede que me haya alojado en casi un centenar de hoteles que guardan una copia de mi Aadhar! Ahora esto", dijo el usuario de Twitter @_NairFYI.

La Autoridad de Identificación Única de la India dice entre sus preguntas frecuentes que "es casi imposible suplantar su identidad si utiliza Aadhar para demostrarla".

"La gente ha estado dando libremente otros documentos de identidad. ¿Pero han dejado de utilizar estos documentos por miedo a que alguien los utilice para suplantar su identidad? No!", dice.

El Tribunal Supremo de la India defendió en 2018 la validez del Aadhaar, pero señaló las preocupaciones sobre la privacidad y frenó un impulso del gobierno para hacerlo obligatorio para todo, desde la banca hasta los servicios de telecomunicaciones.