Las críticas de ambos bandos reflejan la dificultad que ha tenido la Casa Blanca de Biden para lidiar con las políticas de extracción de petróleo de Estados Unidos, ya que intenta equilibrar la seguridad energética nacional con la necesidad de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero para luchar contra el cambio climático. Biden había prometido en campaña poner fin a los nuevos arrendamientos federales, pero los tribunales se lo han impedido, y se ha visto desalentado por el aumento de los precios de los surtidores que, según los analistas políticos, podría perjudicar sus posibilidades de reelección.
El Departamento de Interior de Biden desveló el viernes un plan quinquenal de perforaciones petrolíferas en alta mar, exigido por el Congreso, que incluía sólo tres ventas, todas en el Golfo de México, el número más bajo en cualquier plan quinquenal desde que el gobierno empezó a publicarlos en 1980. Reuters informó por primera vez el jueves de la cifra récord.
Erik Milito, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas, que representa a los promotores de petróleo y gas en alta mar, dijo que era un "fracaso absoluto para el país" que aumentaría los precios de la gasolina, acabaría con los puestos de trabajo de la costa del Golfo y haría a Estados Unidos más dependiente de las importaciones de petróleo.
Los anteriores programas quinquenales de arrendamiento en alta mar han oscilado entre 11 y 41 ventas, según la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica de Interior.
Los ecologistas también criticaron el plan.
"Estamos demasiado avanzados en la crisis climática como para comprometernos a décadas de nueva extracción de combustibles fósiles, especialmente tras el verano más caluroso de la historia", declaró en un comunicado la presidenta de Earthjustice, Abigail Dillen.
El Golfo de México representa alrededor del 15% de la producción estadounidense de crudo, según datos del gobierno. Pueden pasar entre cuatro y diez años entre la concesión de un arrendamiento y la producción de petróleo, según la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica.
CUESTIÓN DEL PARARRAYOS
El Departamento de Interior dijo que había optado por aprobar el número mínimo de ventas de arrendamientos petrolíferos necesarios para ampliar su programa de energía eólica marina, que ahora está vinculado al arrendamiento de combustibles fósiles según la ley federal.
La Ley de Reducción de la Inflación, una ley histórica sobre el cambio climático aprobada el año pasado, hizo de las ventas de arrendamientos de petróleo y gas un requisito previo para las nuevas subastas de energía eólica marina. Biden considera que la energía eólica marina es un elemento clave de su plan para descarbonizar la economía estadounidense para 2050.
Pero el Instituto Americano del Petróleo, uno de los principales grupos comerciales de la industria petrolera estadounidense, dijo que Estados Unidos estaba renunciando a su papel de líder mundial en la producción de energía.
"Durante décadas, hemos luchado por la seguridad energética y esta administración sigue intentando regalarla", dijo el presidente del API, Mike Sommers.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos y un senador de la Costa del Golfo también criticaron la decisión.
"Es una bofetada a los trabajadores estadounidenses del sector energético y una palmadita en la espalda a Putin y a los dictadores de la OPEP", dijo en un comunicado el senador Bill Cassidy, de Luisiana, en referencia al presidente Vladimir Putin, de Rusia, enorme productor de petróleo, y a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Cassidy, cuyo estado natal depende en gran medida de las industrias de combustibles fósiles, presentó en julio una ley que exigiría a Interior celebrar dos ventas de arrendamientos en alta mar cada una en 2024 y 2025.
El plan final del Departamento de Interior supone una drástica reducción respecto a una propuesta anterior de la administración Trump, elaborada en 2018 y posteriormente desechada, que preveía 47 ventas de arrendamientos, incluidas las de California y el Atlántico.
Interior dijo que se espera que las tres ventas tengan lugar en 2025, 2027 y 2029.
En una señal de la naturaleza litigiosa de la política de perforación de Estados Unidos, la administración de Biden tenía previsto celebrar este mes una subasta de arrendamientos de petróleo y gas en el Golfo de México ordenada por el Congreso. Pero un pleito sobre la protección federal de una ballena en peligro de extinción hizo que un tribunal de apelaciones estadounidense diera a Interior de plazo hasta noviembre para celebrar la venta. (Reportaje de Nichola Groom; Edición de Jamie Freed y Daniel Wallis)
