El borrador de propuesta legal de la Comisión Europea pretende tomar medidas drásticas contra las empresas que promocionan sus productos como "neutros para el clima" o "que contienen materiales reciclados" si dichas etiquetas no están fundamentadas.

Los países de la UE tendrían que garantizar que las afirmaciones medioambientales se demuestren con una metodología de base científica, como un marco de "huella medioambiental del producto" que rastree los impactos medioambientales en 16 categorías, entre ellas el aire y el cambio climático.

"Al luchar contra el lavado verde, la propuesta garantizará la igualdad de condiciones para las empresas a la hora de comercializar su ecologismo", dice el borrador, que aún podría cambiar antes de su publicación.

El intento de acabar con el lavado verde se produce después de que una evaluación de la Comisión de 150 alegaciones sobre las características medioambientales de los productos en 2020 descubriera que la mayoría -el 53%- ofrecía "información vaga, engañosa o infundada".

Según la propuesta, las empresas que afirmen que su producto tiene un impacto medioambiental positivo también deberán revelar si ello provoca un impacto negativo en otro ámbito.

Las afirmaciones basadas en promesas de futuros resultados medioambientales deben estar respaldadas por hitos que la empresa alcanzará en fechas concretas. Las empresas cuyas afirmaciones se basen en la compra de créditos de carbono para compensar su propio impacto medioambiental tendrían que revelarlo.

Los países de la UE tendrían que establecer un sistema para verificar las afirmaciones de las empresas e imponer sanciones en caso de incumplimiento.

Según el borrador del documento, esta medida ayudaría a los consumidores a identificar qué productos son realmente ecológicos y daría el crédito adecuado a las empresas cuyos productos tienen beneficios medioambientales reales.

El proyecto de normas abarcaría todos los productos y servicios vendidos en la UE, a menos que estén cubiertos por normas comunitarias comparables. Los productos de inversión "verdes" ya están regulados por la taxonomía de la UE, un controvertido sistema de etiquetado que se enfrenta a desafíos legales por parte del gobierno austriaco y de los defensores de permitir que el gas y la energía nuclear se etiqueten como ecológicos.