La reunión se centrará en la creación de asociaciones para proyectos en sectores como la agricultura, las infraestructuras y la sanidad, según informó el viernes un comunicado del gobierno italiano.

"La conferencia tiene como objetivo gobernar el fenómeno migratorio, luchar contra el tráfico de seres humanos y promover el desarrollo económico según un nuevo modelo de cooperación entre Estados", señala el comunicado.

Entre los participantes previstos figuran Túnez, Turquía, Libia, Argelia y los Emiratos Árabes Unidos, junto con la Unión Europea y el FMI, según declararon funcionarios italianos a Reuters.

Sin embargo, no se esperaba que Francia, una de las principales potencias mediterráneas que se enfrentó a Italia el año pasado a causa de la inmigración, asistiera al evento y su ausencia podría diluir cualquier resultado.

La primera ministra, Giorgia Meloni, que ha visto aumentar los desembarcos de inmigrantes en Italia este año, ha convertido en una prioridad implicar a otras naciones en los planes para impedir que la gente emprenda el peligroso viaje hacia Europa.

Meloni, que lidera una coalición de derechas desde octubre, ha fracasado hasta ahora en sus esfuerzos por frenar el aumento. Unas 83.400 personas han llegado a tierra en lo que va de año, frente a las casi 34.000 de 2022.

Al menos 94 personas murieron cuando su barco se partió frente a la costa de Calabria a finales de febrero.

El gobierno dijo que en la conferencia también se debatirían cuestiones relacionadas con el cambio climático y la energía, mientras Italia avanza en la puesta en marcha de una iniciativa de cooperación energética con África, el llamado "plan Mattei", que debe su nombre al fundador en la posguerra del grupo energético italiano Eni.

La conferencia se celebra apenas una semana después de que la Unión Europea firmara un acuerdo de asociación con Túnez, uno de los puntos calientes de la salida de inmigrantes, por el que se compromete a destinar hasta 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) en ayuda para combatir a los traficantes de personas y ayudar a su maltrecha economía.

El grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch afirmó que "no incluía garantías de que las autoridades tunecinas impidieran las violaciones de los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo", en referencia a la represión del presidente Kais Saied contra los extranjeros.

(1 dólar = 0,8946 euros)