Ramaphosa se ha comprometido a reformar el sistema sanitario sudafricano de dos niveles, en el que un sector financiado con fondos públicos que atiende a la mayoría de la población está saturado y deteriorado, mientras que algunas personas pueden acceder a un mejor tratamiento a través de seguros privados.
El proyecto de ley gubernamental sobre el Seguro Nacional de Salud limitaría gradualmente el papel de los seguros privados, crearía un nuevo fondo público para dar acceso a todo el mundo y fijaría las tarifas que pueden cobrar los médicos privados.
Sus partidarios lo califican de cambio generacional para invertir la persistente desigualdad que se remonta a la época del apartheid. Pero los opositores afirman que los planes carecen de financiación suficiente y limitarán las posibilidades de elección de los pacientes, perjudicarán la calidad de la atención y expulsarán del país a los médicos con talento.
La principal Alianza Democrática de la oposición impugnará la ley "hasta el Tribunal Constitucional", declaró su líder, John Steenhuisen. "Nuestro equipo jurídico ya fue informado hace meses y presentará sin demora nuestra impugnación legal contra esta legislación devastadora".
El proyecto de ley cuenta con el firme apoyo del sindicato Asociación Médica Sudafricana, que representa a la mayoría de los médicos del sector público, y que lo calificó de "cambio monumental hacia la consecución de la cobertura sanitaria universal y la garantía de que todos los sudafricanos tengan acceso a una asistencia sanitaria de calidad independientemente de su estatus socioeconómico".
Pero otros grupos sindicales se han unido a la oposición amenazando con un desafío legal. El sindicato Solidaridad afirmó que iniciaría un proceso legal "en el plazo de una hora" tras la firma por Ramaphosa de un proyecto de ley que calificó de "populista, irracional e inasequible".
La Colaboración Sudafricana de Profesionales de la Salud (SAHPC, por sus siglas en inglés), que representa a 25.000 trabajadores sanitarios de los sectores público y privado, dijo que estaba estudiando un recurso legal contra un proyecto de ley que "revertiría, en lugar de hacer progresar, una atención sanitaria equitativa y de calidad en Sudáfrica".
El grupo de presión empresarial BUSA dijo que estudiaría sus opciones, incluidas las demandas judiciales para luchar contra una medida que calificó de "inviable, inasequible y no acorde con la Constitución". (Reportaje de Nqobile Dludla; información adicional de Nellie Peyton; edición de Olivia Kumwenda-Mtambo y Peter Graff)
