El país de África Occidental ha estado bajo gobierno militar desde un golpe de Estado en 2020, y las tensiones han aumentado debido a que la junta no se ha atenido al calendario prometido para el retorno al régimen constitucional.
Las consultas nacionales de meses de duración, que fueron boicoteadas por gran parte de la oposición, culminaron el viernes con una serie de recomendaciones que incluían la ampliación de la transición de dos a cinco años, prolongando de hecho el gobierno de la junta hasta 2027.
Es probable que este retraso sustancial acentúe la preocupación por el retroceso democrático en África Occidental y Central, donde se han producido ocho golpes de Estado en los últimos cuatro años.
En el frente de la seguridad, los participantes en las consultas aconsejaron a las autoridades que se abrieran al diálogo con los grupos armados islamistas y se comprometieran con todos los movimientos armados malienses.
En la franja meridional del desierto del Sáhara, Mali está asolado por la violencia desde 2012, cuando militantes islamistas secuestraron un levantamiento de los grupos tuareg que se quejaban de la negligencia del gobierno y buscaban la autonomía de la región desértica que llaman Azawad.
La profunda inseguridad, las dificultades económicas, los retrasos electorales y la reciente medida de las autoridades de limitar las actividades políticas han avivado la frustración con la junta en algunos sectores. En abril se formó una alianza de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que se negó a participar en el diálogo nacional.
