La Ley de Salvaguarda pretende codificar en ley una nueva política de Transferencia de Armas Convencionales (CAT) introducida el mes pasado por la administración del presidente demócrata Joe Biden para aumentar el énfasis en las preocupaciones por los derechos humanos, según información sobre la legislación vista por Reuters.
El proyecto de ley está liderado por el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el representante Gregory Meeks, demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Cuenta con otros cuatro patrocinadores en el Senado y cinco en la Cámara, todos demócratas.
"Del mismo modo que deberíamos exigir la comprobación universal de antecedentes antes de vender armas de guerra en el país, deberíamos dar prioridad al historial de derechos humanos de un gobierno antes de proporcionarle acceso a nuestros servicios de armamento y defensa", declaró Menéndez en un comunicado.
La política CAT abarca la revisión de la ayuda a la seguridad, las transferencias de armas de gobierno a gobierno y las ventas comerciales autorizadas de equipos y servicios militares de origen estadounidense supervisadas por el Departamento de Estado, así como por el Departamento de Defensa y el Departamento de Comercio, incluidas las armas de fuego de uso común en Estados Unidos.
Las empresas de defensa y los activistas escrutan esas políticas para conocer la postura de la administración a la hora de equilibrar los intereses comerciales de exportadores como Lockheed Martin Co y Raytheon Technologies con el compromiso declarado del país con los derechos humanos.
Según la legislación estadounidense, el presidente y el miembro de mayor rango de los comités de Relaciones Exteriores y de Asuntos Exteriores revisan las principales transferencias de armas. A menudo tienen en cuenta los derechos humanos y, en ocasiones, tratan de retrasar o bloquear las ventas previstas.
Por ejemplo, Menéndez se opone a la venta de aviones Lockheed Martin F-16 a Turquía por razones que incluyen su historial en materia de derechos humanos.
