La jueza de distrito estadounidense Laura Taylor Swain aprobó el plan en una orden presentada el martes, poniendo fin a casi media década de litigios sobre la situación financiera de Puerto Rico y marcando un momento histórico para la mayor reestructuración de la deuda municipal de Estados Unidos.

Puerto Rico solicitó protección bajo una ley similar a la de quiebra, conocida como Título III, en mayo de 2017. Su pasivo de 135.000 millones de dólares incluía más de 55.000 millones de dólares en obligaciones de pensiones infrafinanciadas. El plan de ajuste de la deuda, propuesto por una junta de supervisión financiera designada por el gobierno federal, incorpora acuerdos entre una serie de acreedores y pretende fomentar nuevas inversiones para ayudar a la economía de la isla.

El plan reduce los 33.000 millones de dólares de la deuda en bonos a 7.000 millones y recorta la deuda total en un 80%, según la junta. También incluye protecciones que limitan la cantidad de deuda que Puerto Rico puede asumir en el futuro.

El caso ha acumulado aproximadamente 1.000 millones de dólares en honorarios legales.

Swain señaló en la decisión del martes que el plan tiene "un apoyo amplio pero no universal", ya que muchos trabajadores públicos y jubilados, entre otros, están en desacuerdo con ciertos aspectos.

La junta de supervisión ha dicho que, bajo el plan, los jubilados del gobierno siguen en línea para recibir sus pensiones completas en sus niveles actuales. El plan congela los programas de jubilación de prestaciones definidas que cubren a los profesores y jueces en activo y los sustituye por planes de aportaciones definidas y la afiliación a la seguridad social.

La junta dijo en un comunicado el martes que acogía con satisfacción la decisión de Swain pero que el ELA "necesita seguir reformándose para asegurar un futuro próspero".

Puerto Rico acumuló niveles insostenibles de deuda en los años anteriores a 2017. En 2016, el gobierno federal promulgó la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico, que creó un proceso para que el territorio reestructure su deuda.

Los problemas del Estado Libre Asociado alcanzaron nuevos niveles apenas unos meses después de que solicitara la protección del Título III cuando el huracán María asoló la isla, matando a unas 3.000 personas. Y en 2019, su gobernador dimitió en medio de protestas por un escándalo de mensajes de chat ofensivos y de corrupción gubernamental que sacudió a la isla.

Se espera que el plan de ajuste de la deuda entre en vigor el 15 de marzo. La junta de supervisión permanecerá en vigor hasta que Puerto Rico haya tenido cuatro años consecutivos de presupuestos equilibrados.

La directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, dijo el martes que con el plan aprobado, espera un "aumento sustancial" del gasto del gobierno en servicios públicos.

(Esta historia corrige el 7º párrafo para decir que los jubilados del gobierno recibirán pensiones completas a los niveles actuales y que el plan congela los planes de beneficios definidos de los maestros y jueces en activo y los sustituye por planes de contribuciones definidas y la inscripción en la seguridad social, no que la mayoría de los jubilados recibirán pensiones completas y no que el plan pone fin a los programas de beneficios definidos)