El juez federal Matthew Kacsmaryk de Amarillo, Texas, se negó a bloquear la norma, que entró en vigor el 30 de enero. El juez accedió a una petición de la administración del presidente Joe Biden para que se desestimara la demanda de los estados liderada por los republicanos, que alegaban que la norma pondría en peligro los ahorros para la jubilación de millones de estadounidenses.
A principios de marzo, el Congreso aprobó una resolución respaldada por los republicanos para derogar la norma. Biden, demócrata, vetó la propuesta el 20 de marzo.
La norma, finalizada en noviembre, revocó las restricciones adoptadas por la administración del ex presidente Donald Trump sobre la consideración de los factores ESG a la hora de tomar decisiones de inversión.
La inversión ESG implica sopesar el historial de las empresas en cuestiones medioambientales, de justicia social y laborales, así como asuntos de gobierno corporativo como la diversidad de los consejos de administración y la remuneración de los ejecutivos, junto con las consideraciones financieras tradicionales.
