El proyecto, que debe ser aprobado por el pleno de la Cámara y conciliado con su homólogo del Senado antes de convertirse en ley, llega después de que los medios de comunicación informaran de que el fabricante israelí de programas espía NSO estaba en conversaciones para ser adquirido por el contratista de defensa estadounidense L3Harris Technologies Inc.
NSO y L3Harris no devolvieron inmediatamente los mensajes en busca de comentarios. Tampoco lo hicieron el Director de Inteligencia Nacional ni la Casa Blanca.
Calificando la proliferación de programas espía comerciales fabricados en el extranjero como "una amenaza aguda y emergente para la seguridad nacional de Estados Unidos", el proyecto de ley facultaría al Director de Inteligencia Nacional para prohibir cualquier contrato entre dichos fabricantes de programas espía y la comunidad de inteligencia. También autorizaría a la Casa Blanca a sancionarlos si tienen como objetivo a los espías estadounidenses.
Otra cláusula permitiría al director prohibir a cualquier parte de la comunidad de inteligencia contratar con una empresa estadounidense que hubiera adquirido software espía comercial extranjero "en su totalidad o en parte". Esa estipulación podría haber sido fatal para el supuesto acuerdo con L3Harris.
La amenaza que supone el software espía fabricado en el extranjero para la seguridad nacional de Estados Unidos se ha colado en la agenda política recientemente. El año pasado, Reuters reveló que los teléfonos del Departamento de Estado habían sido pirateados utilizando el programa espía NSO. Sólo unas semanas antes, NSO fue incluido en la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Lauren French, una portavoz del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que el panel había programado una rara audiencia sin clasificar sobre las herramientas de espionaje extranjero para el próximo miércoles.
Los legisladores también han expresado su deseo de seguir haciendo un seguimiento del tema. El proyecto de ley aprobado el miércoles exige la creación de una lista de vigilancia clasificada de los comerciantes de programas de espionaje extranjeros y la presentación de actualizaciones anuales al Congreso sobre la evolución de la industria.
