El juicio comenzará el próximo 16 de marzo en el Tribunal de Brescia y tendrá como acusados al fiscal adjunto de Milán, Fabio De Pasquale, y al fiscal Sergio Spadaro, quienes, según la fiscalía de Brescia, habrían aportado al proceso entonces en curso en Milán por los sobornos internacionales en Nigeria algunos elementos favorables a los acusados, surgidos de una investigación diferente llevada a cabo por su colega Paolo Storari.

"No hay precedentes en Italia de un hecho similar: de un juicio a dos magistrados que consideraron no aportar actos transmitidos por otro fiscal, justificando su elección de juicio con una nota oficial fechada el 5 de marzo de 2021, enviada y recibida por su fiscal jefe, que la aceptó sin objeciones", declaró Caterina Malavenda, abogada de los dos magistrados, al término de la audiencia preliminar.

"Estoy segura de que la audiencia demostrará su total corrección", concluyó.

Según la fiscalía de Brescia, que solicitó y obtuvo el proceso, los elementos en cuestión, de haberse introducido en el juicio, habrían beneficiado a Eni y a los demás acusados, certificando la falta de fiabilidad del ex directivo de Eni Vincenzo Armanna -coacusado en el caso "nigeriano" y al mismo tiempo acusador de la cúpula del grupo- y la supuesta falsedad de sus declaraciones.

La defensa de los dos magistrados milaneses en el curso de la instrucción argumentó, en cambio, que el material denunciado por su colega en aquel momento carecía de valor probatorio y verificado, además de que aún no se había realizado ningún informe pericial, que sólo se concluyó una vez finalizado el juicio.

Además, parte de las pruebas eran el resultado de incautaciones realizadas en el marco de otra investigación sobre un acusado en el juicio en curso, Armanna, y la ley no permite que el resultado de estas actividades se utilice contra una persona juzgada.

Al mismo tiempo, la defensa había añadido que la ley (artículo 53 del Código de Procedimiento Penal) establece la plena autonomía del fiscal en la sala de vistas.

En noviembre de 2021, 15 magistrados anticorrupción de 12 países diferentes de todo el mundo habían instado formalmente a la OCDE a defender a De Pasquale y Spadaro de lo que calificaron de "ataque" a la lucha contra la corrupción y a iniciar una evaluación del compromiso de Italia con la Convención Internacional Anticorrupción de la OCDE.

Por ello, en abril de 2022, una delegación de la OCDE inició una misión en Italia, con audiencias de magistrados, abogados y periodistas en Milán y Roma.

(Emilio Parodi, edición Francesca Piscioneri)