La propuesta del Departamento de Trabajo de Estados Unidos exigirá que los trabajadores sean considerados empleados de una empresa -que tienen derecho a más beneficios y protecciones legales que los contratistas- cuando sean "económicamente dependientes" de la misma.

Los analistas dijeron que hay mucha incertidumbre en torno a la propuesta que se espera que entre en vigor el año que viene, pero la medida fue "un claro golpe a la economía de los gigas".

"Cambiar la clasificación de los trabajadores es probable que cueste más a las empresas, y ahora mismo les resultará difícil trasladar esos costes adicionales a sus clientes, que ya están pensando mucho en su gasto diario", dijo la analista financiera de AJ Bell Danni Hewson.

Las empresas Gig emplean a contratistas independientes en lugar de trabajadores a tiempo completo, dándoles la flexibilidad de trabajar a cualquier hora del día y quedándose con un porcentaje del dinero que ganan, sin proporcionarles seguro médico ni otras prestaciones.

Contratarlos como empleados podría suponer costes adicionales para las empresas y reducir la tajada que se llevan de cada venta, entrega o trayecto.

Lyft dijo que la medida no requiere un cambio de su modelo de negocio, mientras que Uber dijo que planea comprometerse con las autoridades.

Las empresas "gig" han sido criticadas durante mucho tiempo por la falta de beneficios que ofrecen a sus trabajadores contratados de forma independiente, que además se han enfrentado a un aumento del coste de la vida este año.

Las empresas han rechazado las peticiones de reclasificación, diciendo que las encuestas muestran que la mayoría de sus trabajadores no quieren ser empleados. En su lugar, han sugerido modelos de beneficios limitados manteniendo el estatus de contratista de los trabajadores.

"Una clasificación a empleados pondría esencialmente el modelo de negocio patas arriba y causaría algunos cambios estructurales importantes si esta (propuesta) se mantiene", dijo Wedbush.

Abatidos por los temores, Uber, Lyft y Doordash se vieron abocados a borrar más de 10.000 millones de dólares de su valoración colectiva en el mercado.