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El enfrentamiento comenzó el año pasado, cuando el recién elegido gobierno de derechas anunció planes para favorecer los acuerdos laborales locales frente a las negociaciones centralizadas, limitar las huelgas políticas, recortar el bienestar social y facilitar la rescisión de los contratos de trabajo.
Los trabajadores de la industria, la logística y la electricidad iniciarán el lunes una huelga de dos semanas dirigida contra las exportaciones, las importaciones y el transporte de mercancías, la última de una serie de acciones sindicales en protesta por los planes del gobierno.
El primer ministro Petteri Orpo dijo el viernes que había instado a los jefes sindicales a desconvocar la huelga por su coste para las empresas.
"Tendrá un impacto negativo en la economía y el empleo finlandeses, que ya atraviesan dificultades", declaró, añadiendo que los paros no influirían en la opinión del gobierno.
Empresas como la refinería Neste, el fabricante de acero SSAB y el productor de papel UPM han dicho que esperan que la huelga prevista tenga un impacto significativo en sus negocios.
Los sindicatos han dicho que lo que más les molesta es que el gobierno ya no quiera incluirlos en las negociaciones sobre las reformas del mercado laboral, y están preparados para una larga lucha si es necesario.
El gobierno y los grupos de presión empresariales afirman que Finlandia necesita impulsar la productividad y recortar su déficit fiscal para luchar contra la recesión en curso y mantener el sistema de bienestar público del país a largo plazo. (Reportaje de Essi Lehto, edición de Terje Solsvik y Christina Fincher)
