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La investigación sería la última que se dirige contra la empresa controlada por el Estado, después de que los fiscales empezaran a examinar si bajó artificialmente los precios antes de las elecciones de 2023, creando pérdidas, y vendió activos a precios por debajo de su valor razonable para adquirir una empresa homóloga más pequeña, Lotos.
Orlen no ha incumplido ninguna sanción, dijo la empresa en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de Reuters el jueves.
El Gobierno actual afirma que la anterior administración nacionalista de Ley y Justicia (PiS) había ejercido influencia política sobre las empresas controladas por el Estado.
El informe de Radio Zet se produjo después de que Orlen dijera el miércoles que una depreciación de 1.600 millones de zlotys (403,82 millones de dólares) del valor de Orlen Trading Switzerland (OTS) disminuiría el beneficio del grupo en 2023.
La unidad comercial ha pagado por adelantado compras de petróleo y productos de refinado, pero no ha recibido los productos en el plazo acordado. El reembolso de los pagos anticipados ha sido evaluado por OTS como poco probable, dijo Orlen.
"Contrariamente a las normas, los pagos anticipados se pagaron sin garantías a entidades con las que Orlen nunca había cooperado antes", dijo la empresa el jueves.
Orlen Trading Switzerland se creó en Zug en 2022, antes de la prohibición de la Unión Europea de importar productos petrolíferos rusos, que entró en vigor a principios de 2023.
Un portavoz del coordinador de los servicios especiales no respondió inmediatamente a las solicitudes por correo electrónico y teléfono en busca de comentarios.
La Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW) y la Oficina Central Anticorrupción (CBA) no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.
"No tuve ninguna información sobre este caso durante mi mandato. Los servicios secretos tampoco me informaron nunca de ninguna irregularidad o preocupación al respecto", dijo Jacek Sasin, ex ministro del PiS encargado de los bienes del Estado, en una declaración enviada por correo electrónico. (Reportaje de Marek Strzelecki, Anna Koper, Alan Charlish; edición de David Evans y Ros Russell)
