El acuerdo hará que 3.500 empleados de Monte dei Paschi, relativamente cercanos a la edad de jubilación, se marchen antes del 30 de noviembre a través de un generoso plan de jubilación anticipada, utilizado por los prestamistas en Italia y financiado por los distintos bancos.

El personal que se acoja al paquete recibirá el 80% de su salario neto durante un máximo de siete años. El porcentaje se eleva al 85% si ganan menos de 2.850 euros al mes.

Los que se acojan también conservarán las prestaciones sanitarias y mantendrán las condiciones de préstamo favorables reservadas a los empleados durante ese periodo.

El costoso acuerdo infla la factura de los contribuyentes italianos, que en 2017 gastaron 5.400 millones de euros para rescatar a Monte dei Paschi y que ahora deberán cargar con casi dos tercios de una nueva petición de efectivo de 2.500 millones de euros.

Se espera que Monte dei Paschi, que no hizo comentarios inmediatos, utilice más de un tercio de los ingresos para financiar las salidas.

El Estado contribuirá a la captación de capital en base a su participación del 64% en el banco.

Se espera que reunir el resto del dinero de los inversores después del verano sea un reto para el director general Luigi Lovaglio, dadas las difíciles condiciones del mercado.

FABI dijo que los sindicatos se reunirían en el futuro con Monte dei Paschi para acordar nuevas contrataciones que reemplacen el 50% de las salidas en el curso de un plan de negocios hasta 2026.

Lovaglio, que asumió la dirección de MPS en febrero, dio a conocer el mes pasado el nuevo plan, después de que el Tesoro no lograra cerrar una venta a UniCredit el año pasado y tuviera que conseguir de la UE una prórroga del plazo de privatización.

El último acuerdo con Bruselas, con la prórroga del plazo y los nuevos objetivos de reestructuración, se anunció el martes, antes de que Lovaglio presente su primera serie de resultados el viernes.