VOLKSWAGEN AG 
El fabricante de automóviles no podía ser sancionado en Italia por el "Dieselgate" después de que la empresa ya hubiera sido procesada en Alemania, explicó el Abogado General Campos Sánchez-Bordona en sus conclusiones publicadas el jueves. No había habido suficiente coordinación entre los procedimientos sancionadores de ambos Estados. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíbe que alguien sea procesado por el mismo delito en varios Estados contratantes.
Volkswagen acogió con satisfacción la petición del Abogado General. La empresa había sido sancionada de forma exhaustiva y concluyente en 2018 por la fiscalía de Braunschweig por la mala conducta de sus empleados en relación con el "asunto del diésel", incluso más allá de las fronteras de la República Federal de Alemania. "Confiamos en que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas también haga suya esta opinión en su sentencia y siga la petición del Abogado General", explicó el Grupo.
La autoridad italiana de la competencia había impuesto una multa de cinco millones de euros a Volkswagen en 2016 por vender coches con valores de emisiones manipulados. El fabricante de automóviles impugnó la multa ante los tribunales italianos. El caso fue desestimado, tras lo cual VW presentó un recurso ante el Consejo de Estado italiano. Este último recurrió al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para aclarar las cuestiones en este contexto. El Abogado General ha sugerido ahora que el Consejo de Estado responda que no es permisible restringir el derecho fundamental de que una persona no pueda ser procesada o castigada dos veces por el mismo delito.
El TJCE suele basar sus decisiones en las peticiones del Abogado General. El tribunal dispone de hasta tres meses para dictar sentencia.
La fiscalía de Braunschweig impuso a la empresa una multa de 1.000 millones de euros por el escándalo de los motores diésel de 2018, una de las multas más elevadas jamás impuestas a una empresa en Alemania. Los investigadores consideraron probado que VW había vendido un total de casi once millones de vehículos diésel en todo el mundo con una función de software no autorizada entre mediados de 2007 y 2015. Esto garantizaba que los coches nuevos cumplían los límites de emisiones en el banco de pruebas, pero emitían muchas veces más contaminantes en condiciones reales de funcionamiento en carretera. Volkswagen aceptó la multa y pagó el dinero a la tesorería del estado de Baja Sajonia.
(Informe de Jan C. Schwartz. Editado por Olaf Brenner. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestra redacción en berlin.newsroom@thomsonreuters.com (para política y economía) o en frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (para empresas y mercados).
