Los bancos centrales de todo el mundo, desde China y Japón hasta Brasil, Gran Bretaña y Canadá, están estudiando versiones digitales de sus monedas para evitar que el sector privado llene un vacío en los pagos más rápidos a medida que disminuye el uso del efectivo.
"Esto pone en juego el deseable equilibrio entre el dinero de los bancos centrales y los medios de pago digitales privados", según un borrador de la propuesta de la Comisión Europea visto por Reuters.
Se espera que el Banco Central Europeo decida en octubre si sigue adelante con un euro digital para usos minoristas como los pagos a partir de 2026 como muy pronto, para situarlo junto al efectivo. Antes de que pueda hacerlo, sin embargo, la moneda digital debe contar con respaldo legal en la UE para apuntalar su aceptación y uso.
El borrador de la propuesta de la UE, que podría sufrir cambios antes de su publicación, afirma que los beneficios de un euro digital superarían a los costes y que el coste de no emitirlo podría ser muy elevado.
Una versión digital de la moneda única de la zona euro sería de "curso legal", lo que significa que tendría que ser aceptada como forma de pago, dice el borrador.
Apoyaría un mercado de pagos al por menor más fuerte, rápido y competitivo, tendría un alto nivel de privacidad, pero no sería "programable", lo que significa que su uso se limitaría a bienes o servicios específicos, según la propuesta.
Inicialmente sólo estaría disponible para los residentes en la zona del euro y los visitantes.
La agencia de calificación crediticia Moody's afirmó en mayo que un euro digital reduciría la dependencia europea de empresas de pagos no pertenecientes a la UE, como las estadounidenses Mastercard y Visa, un deseo estratégico de los responsables políticos de la UE desde hace mucho tiempo.
A los bancos les preocupa quedar al margen si la gente cambia los depósitos, una fuente clave de financiación, a euros digitales.
El proyecto de normas otorga al BCE poderes para limitar la cantidad de dinero que los particulares podrían almacenar digitalmente, con un tope de 3.000 a 4.000 euros ya planteado.
La propuesta necesitaría el respaldo de los Estados de la UE y del Parlamento Europeo para convertirse en ley, con los cambios que suelen introducirse durante el proceso de aprobación. (Reportaje de Huw Jones; Edición de Hugh Lawson)
