Las normas de la UE entraron en vigor en junio y prohibirán los productos a partir de diciembre de 2024, dando a Brasil y a otros exportadores tiempo para adaptarse.

Brasil, uno de los principales proveedores de materias primas, exportó a la UE casi 12.000 millones de dólares en harina de soja, soja, maíz y productos cárnicos en 2022, según datos comerciales.

Favaro dijo que los registros muestran que sólo el 2% de los agricultores brasileños cometen delitos medioambientales, mientras que el resto cumple las normas y debería ser reconocido. Dijo que si la UE sigue sin reconocer los esfuerzos de Brasil por proteger el medio ambiente, Brasil debería impulsar las relaciones comerciales con otros socios.

Una posibilidad sería apuntalar bloques como el BRICS, que engloba a grandes naciones en desarrollo como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Las críticas de Brasil a la aplicación de las normas de deforestación de la UE coinciden con las conversaciones para ultimar un acuerdo comercial global entre Mercosur, el bloque comercial sudamericano, y las naciones de la UE.

La UE y el Mercosur finalizaron las negociaciones en 2019, pero el acuerdo ha estado en suspenso debido a las preocupaciones sobre el compromiso de Brasil con la acción climática.

Paulo Sousa, presidente de la comercializadora de granos estadounidense Cargill en Brasil, dijo que los países amazónicos deberían haber denunciado la postura proteccionista de Europa hace tres años.

"Se nos ha pasado el tiempo", dijo durante una mesa redonda en el mismo acto al que asistió Favaro. "Tenemos un cuerpo diplomático muy bueno y eficaz, pero ahora tenemos que entrar en el terreno de juego".

En una reciente declaración a Reuters, la Comisión Europea (CE) rebatió las acusaciones de proteccionismo de los grupos de presión agrícolas brasileños. La CE dijo que las normas sobre deforestación se aplicarán a todos los socios comerciales "de manera ecuánime y no discriminatoria".

Sin embargo, los lobbies brasileños de la soja y la carne de vacuno expresaron su preocupación sobre si la CE disponía de herramientas eficaces para determinar si un producto procedía de una zona de deforestación, y sobre las disposiciones para clasificar a los países por "riesgo de deforestación".

En cuanto al uso de sistemas de trazabilidad para medir la deforestación, la CE dijo que era posible "siempre que ayuden a los operadores a proporcionar la geolocalización de dónde se han producido los productos".

La CE también dijo que "los productos, incluso los procedentes de países con un alto nivel de riesgo, pueden seguir comercializándose en el mercado de la UE siempre que la empresa se someta al proceso de diligencia debida exigido que demuestre que están libres de deforestación."