El Ministerio de Finanzas y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) publicaron los plazos para poner en marcha el nuevo Régimen de Fondos de Ultramar (OFR). Establece cómo los fondos no británicos deben obtener autorización para su venta en Gran Bretaña, sustituyendo al actual sistema de permisos temporales posterior al Brexit.
"El anuncio de hoy garantiza, por tanto, que los inversores británicos seguirán beneficiándose de las posibilidades de elección que ofrecen estos fondos, con la seguridad de que proceden de un país con protecciones equivalentes para los consumidores", declaró el Ministerio de Finanzas en un comunicado.
Gran Bretaña ya había dicho en enero que concedería acceso al mercado a largo plazo a los fondos de inversión de la UE, sin nuevos y costosos requisitos como las evaluaciones de valoración obligatorias.
"Queremos asegurarnos de que los consumidores tengan tantas opciones como sea posible. Por eso estamos invirtiendo en nuestros sistemas para asegurarnos de que el proceso de reconocimiento de los fondos extranjeros sea fluido y eficaz", añadió Sarah Pritchard, directora ejecutiva de mercados e internacional de la FCA.
La hoja de ruta dice que Gran Bretaña introducirá legislación para convertir en ley su decisión de enero.
También habrá una consulta pública en el tercer trimestre sobre si los fondos no británicos deben cumplir las nuevas normas británicas de etiquetado de sostenibilidad para fondos, destinadas a detener el "lavado verde" o inflar las credenciales ecológicas para atraer dinero.
Si Gran Bretaña decide introducir tal requisito, cualquier legislación entraría en vigor en la segunda mitad de 2025, y la FCA le seguiría con normas para dar cuerpo a la nueva ley.
"El Gobierno y la FCA determinarían cómo debería aplicarse cualquier nueva norma a los fondos que ya hayan sido reconocidos bajo la OFR antes de ese momento", decía la hoja de ruta.
La FCA dijo que también necesita datos de los fondos autorizados bajo el nuevo régimen para ver cómo funcionan y supervisarlos adecuadamente. Sin embargo, el organismo de control dijo que primero emprendería una revisión más amplia de la comunicación de datos por parte de los fondos antes de aplicar cualquier nueva norma.
