El proyecto de ley del Seguro Nacional de Salud (NHI) pretende igualar las condiciones en la sociedad más desigual del mundo, en medio de la preocupación de que su aplicación se vea socavada por la corrupción generalizada y una economía débil que lucha por financiar los servicios básicos.
El proyecto de ley, que se aplicará por etapas con un coste de miles de millones de dólares, propone un fondo especial que reunirá recursos públicos y privados y limitará a los proveedores privados de asistencia médica, como el Discovery sudafricano, a ofrecer cobertura sólo para los servicios no reembolsables por el Fondo del NHI.
Aunque Discovery apoyó ampliamente las reformas propuestas, en sus alegaciones al parlamento el año pasado rechazó el actual modelo de financiación única del NHI por considerarlo inviable, y se mostró a favor de un modelo de financiación mixta para ayudar a reducir los riesgos de fracaso.
"Aceptamos que el NHI no será la bala de plata que solucionará todos nuestros problemas sanitarios, pero es la base necesaria sobre la que construir una mejora progresiva del acceso con calidad y equidad", declaró el ministro de Sanidad, Joe Phaahla.
El sistema sanitario de la economía más industrializada de África refleja desigualdades raciales y sociales más amplias que persisten tres décadas después del fin del apartheid.
Se calcula que el 15%, es decir, 9 millones de la población sudafricana de 59 millones de personas, paga actualmente una asistencia sanitaria privada completa, mientras que la mayoría de los negros pobres suelen hacer cola durante horas en los hospitales estatales, escasos de personal y de equipos.
"El NHI no es el supuesto milagro que el CNA pretende que sea", declaró Michelle Clarke, ministra de Sanidad en la sombra de la oposición oficial, al rechazar el proyecto de ley durante un debate.
La Asamblea Nacional Baja del Parlamento, dominada por el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), votó 205 a favor frente a 125 en contra del proyecto de ley, que ahora debe ser aprobado por la Cámara Alta antes de pasar a manos del presidente Cyril Ramaphosa para que lo firme y lo convierta en ley. (Reportaje de Wendell Roelf; Edición de Alexander Smith)
