VARSOVIA, 15 ene (Reuters) - El presidente de Polonia condenó el lunes la destitución del fiscal general del Estado, agravando el conflicto entre el jefe del Estado y el nuevo gobierno, que se esfuerza por cumplir su promesa electoral de restablecer el estado de derecho y desbloquear los fondos de la Unión Europea.

El ministro de Justicia, Adam Bodnar, ha recibido el encargo de revisar las políticas del anterior gobierno nacionalista de Ley y Justicia (PiS), que, según los críticos, aumentaron la influencia política sobre el sistema judicial. El viernes afirmó que Dariusz Barski fue nombrado de forma ilegítima fiscal general del Estado bajo el gobierno del PiS.

La marcha atrás en las reformas del PiS es crucial para que Polonia pueda liberar miles de millones de euros de la financiación de la UE, congelados por motivos relacionados con el estado de derecho. Sin embargo, esto enfrenta al nuevo gobierno proeuropeo con el presidente Andrzej Duda, aliado del PiS, en unas primeras semanas de turbulenta "cohabitación".

El presidente dice que Bodnar no tiene autoridad para destituir de manera unilateral a Barski. El Ministerio de Justicia argumenta que el nombramiento de Barski fue inválido, ya que las leyes vigentes en el momento de su nombramiento prohibían que alguien que se hubiera jubilado ocupara el cargo de fiscal general del Estado.

"La destitución del fiscal del Estado sólo puede tener lugar tras una consulta entre el primer ministro y el presidente (...) requiere el consentimiento por escrito del presidente", dijo Duda a la prensa tras reunirse con el primer ministro, Donald Tusk. "No hay duda de que aquí se ha infringido la ley".

Tusk declaró en rueda de prensa que ofreció a Bodnar su "pleno apoyo" para que la Fiscalía sea independiente. "Espero que el presidente nos ayude en esto, no que nos obstaculice", afirmó.

La disputa del lunes es la última de una batalla por deshacer el legado del PiS, que gobernó Polonia durante ocho años y fue objeto de críticas por intentar politizar los medios de comunicación públicos y el sistema judicial y poner a sus leales en el control de instituciones y empresas clave.

Durante el mandato del PiS, los fiscales opuestos a sus reformas se quejaron de la influencia política indebida en su trabajo. Afirmaban que quienes cumplían los deseos del partido avanzaban rápidamente en sus carreras, mientras que los opositores al PiS decían que eran penalizados.

(Reporte adicional de Anna Wlodarczak-Semczuk; editado en español por Carlos Serrano)