El Tribunal Supremo de Canadá asestó un duro golpe al gobierno liberal de Trudeau la semana pasada al dictaminar que la Ley de Evaluación de Impacto (IAA) era demasiado amplia a la hora de designar qué grandes proyectos debían someterse a una evaluación medioambiental federal.
Canadá ya tiene fama de ser un lugar difícil para construir grandes proyectos debido a los elevados obstáculos reglamentarios y medioambientales. La perspectiva de nuevos cambios en la política corre el riesgo de desconcertar a los inversores y los ejecutivos del sector instaron a Ottawa a modificar rápidamente la legislación.
"Todavía no hemos recibido ningún tipo de preocupación por parte de los inversores, pero creo que si la incertidumbre se alarga en términos de cómo van a avanzar, entonces eso podría empezar a tener un impacto, dijo Mark Selby, consejero delegado de Canada Nickel Company, cuyo Proyecto de Níquel Crawford propuesto en el noreste de Ontario está pasando por el proceso de la IAA.
Selby dijo estar "muy contento" con el proceso de la IAA hasta ahora y sorprendido por la decisión judicial.
La principal provincia productora de petróleo de Canadá, Alberta, que interpuso el recurso legal contra la IAA, celebró el fallo como una victoria para la jurisdicción provincial y el desarrollo de los recursos naturales. La Asociación Canadiense de Productores de Petróleo, coadyuvante en el caso, también dijo que la ley obstaculizaba el desarrollo de proyectos.
La sentencia deja a 23 grandes proyectos de recursos naturales e infraestructuras que estaban siendo evaluados a la espera de que se aclare la situación mientras la Agencia de Evaluación de Impacto de Canadá (IAAC) revisa el dictamen del tribunal.
"La incertidumbre prolongada es un obstáculo para la construcción de las minas e infraestructuras que necesitamos urgentemente para alcanzar nuestros objetivos en materia de cambio climático, seguridad de la cadena de suministro y minerales críticos", declaró la Asociación Minera de Canadá en un comunicado.
El fallo se produce cuando Canadá busca miles de millones de dólares de nuevas inversiones para desenterrar minerales que desempeñan un papel clave en la transición hacia una economía más ecológica. Más de 20.000 millones de dólares en capital extranjero han huido de la zona petrolífera desde 2017, en parte debido a los retrasos en la construcción de nuevos oleoductos.
El consejero delegado de Suncor Energy, cuya propuesta de ampliación de la mina de base de arenas petrolíferas en el norte de Alberta está siendo sometida a una evaluación de impacto, advirtió esta semana que la impredecible política energética canadiense ahuyentaba el capital.
Suncor no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el impacto de la decisión judicial.
La sentencia también plantea dudas sobre la capacidad de Canadá para sacar adelante una legislación climática clave y la posibilidad de que Ottawa se enfrente a nuevos desafíos legales contra otras políticas. Tanto su Reglamento de Electricidad Limpia como un tope a las emisiones de petróleo y gas cuentan con la firme oposición de Alberta.
UNA COCINA MENOS
A pesar de la incertidumbre inmediata, algunos expertos en políticas afirmaron que la decisión judicial debería mejorar en última instancia las evaluaciones medioambientales canadienses.
El gobierno federal se ha comprometido a trabajar rápidamente para mejorar la legislación. Un portavoz del IAAC dijo que la agencia comunicará más detalles sobre su enfoque previsto en los próximos días.
Heather Exner-Pirot, asesora especial del Consejo Empresarial de Canadá, dijo que la sentencia era una oportunidad para mejorar la defectuosa política federal.
Un comité del gabinete centrado en la eficacia reguladora de los proyectos de crecimiento limpio, creado en septiembre y presidido por el ministro de Trabajo, Seamus O'Regan, estudiará posibles enmiendas a la IAA, según una fuente gubernamental.
"O'Regan es el ministro más favorable al desarrollo que existe", añadió Exner-Pirot.
Es probable que Canadá acabe con una legislación similar a la Ley canadiense de evaluación ambiental (CEAA), a la que sustituyó la IAA, dijo Robin Junger, ex jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental de la Columbia Británica y socio del bufete de abogados McMillan.
Dijo que enmendar la IAA podría eliminar la duplicación con las evaluaciones ambientales provinciales y la concesión de permisos, lo que resultaría en "un cocinero menos en la cocina". (Reportaje de Nia Williams y Divya Rajagopal Edición de Denny Thomas y Josie Kao)
