La jueza de distrito Dolly Gee de Los Ángeles denegó la petición de Exxon de anular la decisión de la Junta de Supervisores del condado de Santa Bárbara de denegar un permiso de transporte en camión a principios de 2022, afirmando que la decisión de la junta estaba sustancialmente respaldada por pruebas de que el transporte de crudo en camiones cisterna podría plantear problemas de seguridad en las carreteras estatales.
Gee dictaminó que, aunque Exxon tiene derecho a explotar sus plataformas petrolíferas marinas y la infraestructura relacionada en la zona, no tiene un derecho adquirido o fundamental a utilizar camiones para transportar su crudo mientras se arregla el sistema de oleoductos.
Exxon ha alegado que necesita utilizar docenas de camiones cisterna al día para transportar petróleo a través del condado de Santa Bárbara hasta que se pueda sustituir el oleoducto que reventó cerca de Santa Bárbara en 2015, provocando uno de los peores vertidos de petróleo en la región en décadas. La empresa ha dicho que los camiones son "esenciales" para volver a poner en marcha tres plataformas petrolíferas en alta mar y una instalación de procesamiento de petróleo en tierra que han estado cerradas desde el vertido.
Los representantes de Exxon y del condado no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
La decisión de Gee no abordó las reclamaciones de Exxon de que la decisión de la junta equivalía a una expropiación inconstitucional de la propiedad de la empresa y otras reclamaciones constitucionales. Esas reclamaciones serán examinadas a continuación por el tribunal.
La decisión fue aplaudida por los grupos ecologistas que habían intervenido en la demanda apoyando la decisión del condado, entre ellos el Sierra Club y organizaciones locales.
La abogada Linda Kropp, que representaba a varios de esos grupos, dijo que el plan de transporte por camión de Exxon es "imprudente, peligroso y totalmente inoportuno" y afirmó que pone a la comunidad en peligro de sufrir choques de petroleros.
Exxon había demandado en mayo de 2022, alegando que la denegación de la junta fue un "prejuicioso abuso de discrecionalidad". Decía que la mayoría de la junta había decidido esencialmente rechazar la solicitud en lugar de decidir la cuestión en cuanto al fondo, lo que dio lugar a una "prohibición de facto de la producción y el transporte de crudo".
La empresa también alegó que tiene derecho a reiniciar la producción de petróleo, ya que había invertido importantes recursos en la zona desde los años setenta.
Cuando Exxon detuvo por primera vez la producción en alta mar de sus tres plataformas de la zona de Santa Bárbara, la producción de esas plataformas se estimaba en 30.000 barriles al día (bpd), una fracción de la dieta diaria de crudo de California de unos 1,7 millones de bpd en aquella época.
