En una de las disputas laborales más sonadas de la banca, un juez de Madrid dictaminó este mes que una carta de oferta de cuatro páginas enviada por el prestamista español a Orcel en septiembre de 2018 era un contrato, que el banco incumplió cuatro meses después cuando decidió descartar su nombramiento.
El Santander había dicho que un requisito imprevisto de que pagara a Orcel la paga diferida que perdía al dejar UBS había encarecido demasiado su nombramiento.
La sentencia -aunque asequible desde el punto de vista financiero- supuso un duro golpe para la presidenta del Santander, Ana Botín, que había cortejado personalmente al ejecutivo italiano y luego compareció ante el tribunal para defender el cambio de rumbo del banco.
Ahora el Santander dice que se está preparando para presentar un recurso - un paso que debe producirse dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación de la sentencia del 10 de diciembre.
Expertos jurídicos, banqueros y académicos creen que hay poco margen para anular la conclusión principal del juez Javier Sánchez Beltrán de que la carta de oferta era jurídicamente vinculante.
"Es cierto que el Santander puede recurrir, pero tiene todas las de perder. En mi opinión, la carta de oferta demostraba que había un acuerdo y, por lo tanto, puede que sólo sea un intento de salvar las apariencias", afirmó Enrique Quemada, presidente del banco de inversión español ONEtoONE.
Un abogado no relacionado con el caso que no quiso ser identificado también dijo que creía que la carta de oferta era un precontrato válido, dado que había habido una aprobación por parte del comité de nombramientos y remuneraciones del banco, con el presidente a bordo, y que el anuncio se había hecho público.
Botín había dicho al tribunal que la carta de oferta no era un contrato, ya que el consejo del Santander no había aprobado su paquete salarial final.
Pero el juez hizo referencia a tuits suyos y entrevistas en los medios de comunicación en los que decía que el nombramiento de Orcel sería "efectivo desde principios de 2019".
No se pueden presentar nuevas pruebas en la apelación, lo que significa que el Santander tendrá que rehacer su argumento de que la carta no era un contrato. El recurso podría llegar hasta el Tribunal Supremo de España, según fuentes judiciales, lo que significa que podrían pasar años hasta que el asunto se resuelva definitivamente.
Ambas partes pueden llegar a un acuerdo extrajudicial en cualquier momento del proceso.
Orcel no respondió a los mensajes ni a las llamadas para hacer un comentario.
Abogados y fuentes cercanas al asunto creen que la mejor baza del Santander será impugnar los 10 millones de euros de indemnización por "daños morales" que el juzgado de Madrid concedió a Orcel, en lugar de su prima de fichaje de 17 millones de euros, los 35 millones de la cláusula de rescisión y los 5,8 millones por dos años de salario.
Aunque el juez dijo que era difícil probar cuánto "daño moral" causó a Orcel la voltereta del Santander, afirmó que la retirada del banco creó "considerable frustración, desasosiego, incertidumbre y cierto descrédito en el mundo de la banca."
"Los 10 millones de euros en concepto de daños morales es algo que se puede impugnar, ya que es bastante elevado, aunque es discrecional y depende del juez", dijo el abogado independiente. Aunque fuentes cercanas al Santander creen que el recurso será una oportunidad para anular la sentencia judicial, una de ellas dijo que "reducir la cantidad también sería un escenario mejor que el que tiene actualmente el banco."
El Santander declinó hacer comentarios.
Orcel reclamaba originalmente hasta 112 millones de euros al Santander por incumplimiento de contrato y daños a su carrera. En mayo, retiró parte de su demanda tras ser nombrado consejero delegado de UniCredit.
GOLPE A LA REPUTACIÓN
Analistas y académicos afirmaron que la sentencia judicial ponía de manifiesto posibles fallos en la forma de gestionar el Santander.
"No es una buena sentencia en términos de gobierno corporativo (...) y mi preocupación es cómo va a afectar esta sentencia a la percepción de los inversores sobre el gobierno", dijo José Carlos Díez, profesor asociado de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares.
En abril de 2019, algunos inversores criticaron la gestión del banco en la contratación frustrada de Orcel en la primera junta de accionistas tras el giro del Santander.
El Santander mantiene que el nombramiento se hizo de buena fe y tras un proceso de gobernanza adecuado en el que participó todo el consejo, en concreto sus comités de nombramientos y retribuciones, que se reunieron 13 veces durante el proceso.
Analistas, banqueros y académicos no ven un gran impacto financiero para el Santander y creen que el banco se guardará de cometer el mismo error dos veces.
"En el futuro, el banco tendrá más cuidado a la hora de buscar un nuevo consejero delegado o un alto directivo", dijo Quemada.
(1 dólar = 0,8873 euros)
