La demanda presentada ante un tribunal federal de Dakota del Norte pretende impedir que la norma, que define cuáles de las llamadas "Aguas de los Estados Unidos" están reguladas por la Ley de Aguas Limpias, entre en vigor el mes que viene.
Finalizada en diciembre, la norma protege las vías fluviales que tienen un "nexo significativo" con las aguas navegables de EE.UU., una norma que los ganaderos, promotores y otros grupos del sector han dicho que es excesivamente amplia y crea onerosos obstáculos reglamentarios y de permisos.
"Este es un caso de libro de texto de extralimitación federal", dijo Patrick Morrisey, fiscal general de Virginia Occidental, durante una conferencia de prensa.
La EPA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el jueves.
La demanda es el último frente en la prolongada batalla sobre el alcance de la Ley de Aguas Limpias y qué vías fluviales tiene autoridad para regular el gobierno federal.
Texas y grupos industriales liderados por la American Farm Bureau Federation presentaron demandas separadas el mes pasado desafiando la norma. Los esfuerzos anteriores de las administraciones Obama y Trump para definir el alcance de la ley también se enfrentaron a numerosos desafíos legales.
La norma de la administración Biden protegería los humedales y los arroyos estacionales, no sólo las vías fluviales permanentes como los ríos y lagos a los que alimentan. Esas vías fluviales más pequeñas fueron eliminadas en gran medida de las protecciones por una norma de la administración Trump.
La administración Biden señaló su intención de sustituir esa norma en junio de 2021. El administrador de la EPA, Michael Regan, dijo entonces que el enfoque más estrecho de la era Trump fue particularmente impactante en estados áridos como Nuevo México y Arizona, donde casi cada uno de los 1.500 arroyos estacionales perdió protecciones.
La norma de la era Trump había sido anulada por un tribunal federal de Arizona en agosto de 2021, que restableció las normas anteriores mientras la administración Biden trabajaba en sus cambios.
El caso es Estado de Virginia Occidental y otros contra Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. y otros, Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Carolina del Norte, caso nº 3:23-cv-00032.
Por los estados: Patrick Morrisey, fiscal general de Virginia Occidental, Lindsay See, procuradora general, y Michael Williams, viceprocurador general senior.
Por la EPA: Abogado no disponible inmediatamente
