El canje intercambia deuda antigua por nuevos bonos con vencimiento en 2024 y 2025, según un comunicado del ministerio de Economía del jueves.

"De esta manera, se despeja la incertidumbre sobre los vencimientos de deuda de los próximos meses, ayudando a preservar la sostenibilidad de la deuda del Tesoro", dijo el ministerio.

Argentina había esperado inicialmente canjear alrededor de la mitad del total de su deuda vencida, dijo una fuente oficial a Reuters bajo condición de anonimato a principios de esta semana.

"Entre bancos, aseguradoras y empresas, el volumen (del canje) sería de entre 3 y 3,5 billones de pesos (unos 17.000 millones de dólares)", dijeron, añadiendo que canjear "cualquier cosa por encima del 50% ya será un gran logro".

El canje, anunciado por primera vez el lunes, llevó a la agencia de calificación global S&P a recortar la calificación en moneda local de Argentina a "SD/SD" (impago selectivo) desde "CCC-/C" el jueves. También rebajó la calificación nacional de Argentina a 'SD' desde 'raCCC+'.

Las acciones y los bonos argentinos también cayeron el jueves, ya que los fondos de inversión salieron en tropel tras conocerse la noticia del canje de deuda, que pretende aliviar la incertidumbre del mercado en un año electoral y en medio de una economía estancada.

Aunque el canje de deuda es técnicamente voluntario y no una reestructuración forzosa, el organismo -y, de hecho, los mercados- parecen seguir considerándolo un evento de apuro.

Se trata del tercer canje de bonos de Argentina desde agosto de 2022.

Además, Argentina sigue teniendo un vencimiento de deuda local estimado en 170.000 millones de dólares, dado que el canje sólo retrasa el plazo de pago.

Mientras tanto, una sequía histórica en Argentina ha exprimido la economía, que ya está luchando contra una tasa de inflación anual prevista de alrededor del 100%.

El ministro de Economía, Sergio Massa, calificó recientemente el canje de "dar previsibilidad" al mercado para mejorar el acceso al crédito.

La oposición liderada por la coalición "Juntos por el Cambio" ha criticado la última medida, ya que los nuevos vencimientos deberán ser gestionados por el gobierno entrante tras las elecciones de octubre.