El Alto Comisionado de Francia en Nueva Caledonia dijo el martes que el aeropuerto permanece cerrado a los vuelos comerciales y que desplegará al ejército para proteger los edificios públicos.
Había alrededor de 3.200 personas esperando para salir o entrar en Nueva Caledonia al cancelarse los vuelos comerciales debido a los disturbios que estallaron la semana pasada, según ha declarado el gobierno local.
Más de 1.000 gendarmes y policías franceses estaban trabajando y en las próximas horas se añadirían otros 600 efectivos, según informó el Alto Comisionado de Francia.
Seis personas han muerto y los disturbios han dejado un rastro de negocios y coches quemados y tiendas saqueadas, con barricadas en las carreteras que restringen el acceso a medicinas y alimentos. La cámara empresarial dijo que 150 empresas habían sido saqueadas e incendiadas.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Francia y Australia mantuvieron una llamada el lunes por la noche, después de que Nueva Zelanda y Australia dijeran que estaban esperando la autorización de las autoridades francesas para enviar aviones de defensa para evacuar a los turistas.
Una reunión del consejo de defensa francés acordó más tarde que se tomaran medidas para permitir el regreso de los turistas a sus hogares.
"Los neozelandeses en Nueva Caledonia se han enfrentado a unos días difíciles - y traerlos a casa ha sido una prioridad urgente para el gobierno", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters.
"Queremos agradecer el apoyo de las autoridades competentes, tanto en París como en Numea, para facilitar este vuelo", añadió. En los próximos días se enviarán más vuelos, añadió.
La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, declaró el martes en un mensaje en las redes sociales que se había recibido autorización para dos "vuelos de salida asistida del gobierno australiano hoy para que turistas australianos y de otros países salgan de Nueva Caledonia".
Las protestas estallaron la semana pasada, provocadas por el enfado de los indígenas canacos por una enmienda constitucional aprobada en Francia que cambiaría quién puede participar en las elecciones, lo que los líderes locales temen que diluya el voto canaco.
