Desde marzo, Bukele ha ordenado la detención de más de 50.000 presuntos pandilleros, a los que califica de terroristas, al tiempo que ha negado los derechos procesales básicos a los atrapados en la red.
La represión es una de sus políticas emblemáticas y tiene como objetivo reducir la tasa de homicidios del país centroamericano a menos de dos por día.
En una ceremonia de graduación de oficiales militares, Bukele dijo que añadiría más de 200 policías a los 20.000 soldados que ya patrullan las ciudades con la misión de enfrentarse a los pandilleros.
El objetivo era "rodear las grandes ciudades y extraer a los terroristas que se esconden en las comunidades, sin darles la más mínima posibilidad de escapar", dijo.
La última escalada se produce tras el respaldo del Congreso al llamado estado de excepción, aprobado por primera vez en marzo, que impone estrictos límites a la libertad de asociación, el derecho a la defensa legal y restricciones a las telecomunicaciones.
Según datos del gobierno, la represión ha reducido drásticamente los asesinatos atribuidos a las bandas, con más de 200 días libres de muertes relacionadas con las bandas en lo que va de año.
Bukele lanzó su controvertida ofensiva poco después de que 76 salvadoreños murieran en un solo fin de semana el pasado mes de marzo.
Los derechos humanos han criticado la política, diciendo que muchas personas detenidas no tienen antecedentes penales.
