Los activistas surcoreanos habían pedido al nuevo presidente Yoon Suk-yeol que volviera a investigar el caso, culpando al gobierno anterior de intentar ganarse el favor de Pyongyang en medio de las negociaciones de desnuclearización y los esfuerzos de acercamiento.
Aunque no se ha confirmado el destino de los dos hombres, existía la expectativa de que se violaran sus derechos cuando fueran entregados a las autoridades norcoreanas y, por lo tanto, Seúl tenía la obligación de procesarlos en el sistema de justicia surcoreano en lugar de repatriarlos inmediatamente, dijo a los periodistas Tomás Ojea Quintana, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Corea del Norte.
"Son casos extremadamente dramáticos porque una vez que se repatría a una persona no hay marcha atrás", dijo. "El gobierno (surcoreano) no debería haber repatriado a estas personas de inmediato".
La administración del ex presidente Moon Jae-in deportó a los pescadores, describiéndolos como "criminales peligrosos" que mataron a otros 16 compañeros a bordo de su embarcación mientras cruzaban la frontera marítima y dijo que causarían daño si eran aceptados en la sociedad surcoreana.
Corea del Norte se enfrenta a acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y trabajos forzados. Ha negado haber maltratado a sus ciudadanos.
Los fiscales surcoreanos han reabierto el caso, según declaró el lunes a Reuters el ministro de Unificación, Kwon Young-se, que se ocupa de las relaciones con el Norte.
Un funcionario del ministerio dijo el miércoles que cooperaría con la investigación.
Ni Moon, que se ha mantenido alejado de la opinión pública desde que dejó el cargo, ni Corea del Norte han hecho comentarios sobre el caso.
Quintana fue uno de los varios funcionarios de la ONU que enviaron una carta a Seúl en su momento expresando su preocupación y pidiendo más información. Los funcionarios también enviaron una carta a Pyongyang.
Durante la visita de esta semana a Seúl, Quintana también se reunió con la familia de un surcoreano que desapareció en el mar en septiembre de 2020 mientras trabajaba como inspector de pesca. Posteriormente, las autoridades norcoreanas lo mataron a tiros y prendieron fuego a su cuerpo, lo que conmocionó a muchos surcoreanos y aumentó la tensión transfronteriza.
Ese caso también ha sido revisado por el gobierno de Yoon, y la semana pasada las autoridades marítimas y militares de Corea del Sur se retractaron de sus anuncios anteriores y dijeron que no había indicios de que el funcionario estuviera tratando de desertar.
Su familia había refutado las afirmaciones sobre la deserción, presentando una demanda en la que pedía la divulgación de los registros del gobierno.
Quintana dijo que apoyaba el derecho de la familia a saber más del gobierno surcoreano, añadiendo que, en última instancia, Corea del Norte era responsable del asesinato del oficial y que también debía revelar información, castigar a los que le dispararon y proporcionar una reparación a la familia.
El líder norcoreano, Kim Jong Un, presentó anteriormente una rara disculpa por el asesinato, calificándolo de "acontecimiento inesperado y vergonzoso", aunque los medios de comunicación estatales dijeron que la culpa era de Corea del Sur por no controlar sus fronteras.
