Decenas de pastores de etnia fulani murieron en un bombardeo aéreo el 24 de enero en el estado central de Nasarawa, según una investigación de Reuters publicada esta semana. Las muertes plantean preguntas incómodas para aliados como Estados Unidos, que arman al ejército nigeriano como parte de los esfuerzos en curso para sofocar las insurgencias islamistas en África Occidental.

"Instamos a las autoridades nigerianas a que investiguen a fondo este y todos los demás incidentes de daños a civiles de forma oportuna y transparente", dijo el viernes un portavoz del Departamento de Estado en una respuesta por correo electrónico a preguntas sobre la información.

El portavoz dijo que los altos funcionarios y diplomáticos estadounidenses en Nigeria se comprometen regularmente con el gobierno nigeriano en los esfuerzos para combatir el terrorismo, discutiendo temas como la protección de los civiles de cualquier daño. El portavoz no especificó si habían planteado el atentado de enero a los nigerianos.

El portavoz dijo también que Washington no tiene conocimiento de ninguna información que indique que armas o aviones suministrados por Estados Unidos hayan estado implicados en incidentes de daños a civiles atribuidos a la Fuerza Aérea nigeriana.

El mortífero ataque aéreo se produjo en medio de una renovada preocupación entre los legisladores estadounidenses por los acuerdos de suministro de armas por valor de cientos de millones a Nigeria, un país frecuentemente criticado por su historial en materia de derechos humanos.

El portavoz del Departamento de Estado dijo que las ventas de defensa existentes y la asistencia de seguridad a Nigeria incluyen "componentes robustos centrados en los derechos humanos, la prevención de daños a civiles y la promoción de la justicia militar y la rendición de cuentas."

"Los informes sobre daños a civiles deben investigarse de forma exhaustiva y transparente", dijo el portavoz.

En 2017, la fuerza aérea nigeriana fue criticada por bombardear un campamento de desplazados mientras realizaba una misión contra insurgentes islamistas en Rann, cerca de la frontera con Camerún. El ataque aéreo, que los funcionarios nigerianos admitieron que fue un error, mató al menos a 90 personas, la mayoría mujeres y niños, según la organización benéfica médica Médicos Sin Fronteras (MSF), que tenía equipos en el campamento en ese momento.

El portavoz del Departamento de Estado afirmó que, desde el bombardeo de 2017, el ejército nigeriano ha tomado medidas correctivas para reducir los daños a la población civil. El portavoz añadió que, como resultado de la formación estadounidense, la Fuerza Aérea de Nigeria está aplicando procedimientos de selección de objetivos para ayudar a evitar víctimas civiles.

El Departamento de Estado de EE.UU. también está proporcionando un asesor incrustado para trabajar con los militares de Nigeria para desarrollar un cuerpo de asesores legales militares centrados en asesorar a los comandantes durante las operaciones para prevenir y mitigar el daño a los civiles, dijo el portavoz.