La ley convierte en delito estatal la entrada o reentrada ilegal en Texas desde un país extranjero y otorga a las autoridades policiales estatales y locales el poder de detener y procesar a los infractores. También permite a los jueces estatales ordenar que las personas sean deportadas, con penas de hasta 20 años de prisión para los inmigrantes que se nieguen a cumplirla.