Las familias de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y todos los principales partidos políticos de la isla de Irlanda -tanto nacionalistas irlandeses como unionistas británicos- han condenado la ley como una denegación de justicia. El gobierno irlandés ha dicho que está considerando la posibilidad de presentar un recurso legal.

"No podemos dar una amnistía a los asesinos. Eso no es justicia", dijo Eugene Reavey, cuyos tres hermanos fueron asesinados por militantes pro-británicos en 1976, pero nadie ha sido procesado. Describió el paso por el Parlamento como una "noticia increíblemente mala" y un hecho "despreciable".

Alrededor de 3.600 personas murieron en tres décadas de enfrentamiento entre militantes nacionalistas irlandeses que buscaban una Irlanda unida, paramilitares "lealistas" pro-británicos y el ejército británico. El conflicto terminó en gran parte con un acuerdo de paz en 1998.

Gran Bretaña argumenta que cada vez es menos probable que los juicios relacionados con los acontecimientos de hace hasta 55 años conduzcan a condenas y que la legislación es necesaria para trazar una línea divisoria en el conflicto.

El proyecto de ley crearía una nueva Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de la Información, que ofrecería inmunidad a cualquiera que coopere con las investigaciones.

Impediría las investigaciones completas, los procesos penales o las demandas civiles sobre delitos relacionados del periodo de los "Problemas", pero no afectaría a las personas que ya hayan sido condenadas, o si ya se ha iniciado un proceso.

La Cámara de los Comunes votó el miércoles a favor de anular las enmiendas realizadas al proyecto de ley en la cámara alta, la Cámara de los Lores, lo que significa que el proyecto de ley sólo necesita la sanción real, en la que el Rey lo aprueba formalmente, para convertirse en ley.

Amnistía Internacional describió la aprobación como un "día oscuro" para la justicia en el país.

El gobierno irlandés ha dicho que estudiaría la posibilidad de emprender acciones legales contra la ley por violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno británico ha dicho que la ley es totalmente conforme.

Hilary Benn, portavoz para Irlanda del Norte del opositor Partido Laborista, declaró en un debate en el parlamento que un gobierno laborista derogaría la ley.