Grupos de la sociedad civil planean organizar una protesta más tarde el martes para presionar a los legisladores a que rechacen el reglamento de emergencia - oficialmente llamado reglamento gubernamental en lugar de ley - que algunos expertos legales ven como una estratagema del gobierno para eludir un debate adecuado en el parlamento.

"La Cámara de Representantes, de acuerdo con su función constitucional, evaluará si se cumplieron los parámetros de urgencia imperiosa para dar al presidente la autoridad de emitir el reglamento gubernamental en lugar de la ley", dijo el portavoz adjunto Rachmat Gobel.

Aprobada en 2020, la ley de Creación de Empleo revisó más de otras 70 leyes y fue alabada por los inversores extranjeros por agilizar las normas empresariales en la mayor economía del Sudeste Asiático, pero fue controvertida porque se consideró que perjudicaba los derechos laborales y erosionaba la protección del medio ambiente.

Esa ley fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2021 debido a una consulta pública inadecuada. El tribunal dictaminó que los legisladores debían completar un proceso de debate renovado en un plazo de dos años.

La coalición del presidente controla más del 80% de los escaños del parlamento, pero no estaba claro cuánto apoyo obtendría para el decreto de emergencia. El gobierno ha argumentado que el decreto era necesario para ayudar a proteger a Indonesia del impacto de una posible crisis económica mundial.

"Esto significa que el gobierno vuelve a saltarse el debido proceso, ignorando la participación y las objeciones", declaró Luluk Nur Hamidah, legislador del Partido del Despertar Nacional, que forma parte de la coalición gobernante.

"Creo que debería revocarse", afirmó.

Los líderes de los partidos de la oposición han condenado el decreto, argumentando que sirve a los intereses de la élite y señalando la oposición de los grupos sindicales.

Miles de trabajadores tienen previsto celebrar protestas en todo el país el sábado para instar al parlamento a que rechace la normativa de emergencia.

La semana pasada, un grupo de indonesios solicitó al Tribunal Constitucional que llevara a cabo una revisión judicial de la normativa.