Los jueces fallaron a favor de la apelación de la administración al dictamen de un juez que había detenido las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. que reducían el alcance de las personas que pueden ser objetivo de los agentes de inmigración para su detención y deportación. Los fiscales generales republicanos de esos dos estados presentaron una demanda para impugnar la política de Biden.
Los jueces determinaron que los dos estados no tenían capacidad legal para presentar la impugnación.
Las directrices reflejaban la recalibración por parte de Biden de la política de inmigración estadounidense tras el enfoque de línea dura adoptado por su predecesor republicano Donald Trump, que pretendía ampliar el abanico de inmigrantes sujetos a detención y expulsión.
La política de Biden daba prioridad a la detención y deportación de los ciudadanos no estadounidenses que suponen una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad fronteriza, dando a los agentes más discreción para considerar las circunstancias individuales.
Los republicanos han criticado a Biden por su debilidad en política de inmigración, diciendo que sus políticas, que incluyen menos detenciones y deportaciones, han fomentado más cruces ilegales de la frontera. La cuestión de la inmigración podría ocupar un lugar destacado en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, ya que se espera que Biden aspire a un segundo mandato y Trump a la nominación de su partido.
El juez de distrito estadounidense Drew Tipton falló a favor de Texas y Luisiana en junio de 2022, suspendiendo la política en todo el país. Tipton fue nombrado por Trump. Al mes siguiente, el Tribunal Supremo votó 5-4 para no bloquear el fallo de Tipton que paralizaba las directrices.
Al anunciar las nuevas directrices en 2021, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, citó la práctica de larga data de que los funcionarios del gobierno ejerzan discreción para decidir quién debe ser objeto de deportación y dijo que la mayoría de los inmigrantes sujetos a deportación "han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades durante años."
La administración ha dicho que los funcionarios estadounidenses llevan mucho tiempo basándose en el establecimiento de prioridades de aplicación de la ley teniendo en cuenta que se calcula que hay 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país.
Texas y Luisiana argumentaron que se verían perjudicados al tener que gastar más dinero en la aplicación de la ley y en servicios sociales debido al aumento de ciudadanos no estadounidenses presentes dentro de sus fronteras.
La administración de Biden argumentó que los dos estados carecían de la capacidad jurídica adecuada para sostener la demanda porque no han sufrido un perjuicio directo debido a la política.
Durante el primer año de Biden en el cargo, las detenciones y deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos de forma ilegal disminuyeron en comparación con años anteriores. En el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2021, las deportaciones descendieron a 59.000, frente a las 186.000 del año anterior. En el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2022, dichas deportaciones alcanzaron las 72.000.
