El fallo, de una sola frase y sin firma, "desestimó por improcedente" la apelación de un bufete de abogados anónimo contra las órdenes judiciales que lo declaraban en desacato por no entregar registros relacionados con uno de sus clientes en respuesta a una citación del gran jurado federal.
Los magistrados lo hicieron sólo dos semanas después de escuchar los argumentos del caso. Muchos de los detalles del caso no están claros, ya que los nombres del bufete de abogados y del cliente se han mantenido fuera del registro público durante la investigación del gran jurado, normalmente secreta.
Según los documentos judiciales, el bufete de abogados está especializado en asuntos fiscales internacionales y asesoró a un cliente que, según el Departamento de Justicia de EE.UU., fue uno de los primeros promotores del bitcoin que se expatrió de Estados Unidos en 2014.
El bufete dice que preparó las declaraciones de impuestos del cliente y que también le proporcionó asesoramiento jurídico sobre cómo determinar la propiedad de los activos de criptodivisas y valorarlos.
En respuesta a una citación del gran jurado en busca de registros relacionados con la preparación de las declaraciones de impuestos del cliente, el bufete presentó más de 20.000 páginas de registros pero retuvo otras, alegando el privilegio abogado-cliente.
Cuando un tribunal le ordenó que entregara otras 54, se resistió. Esos registros, dijo el bufete, eran comunicaciones de "doble propósito" que contenían tanto asesoramiento jurídico como no jurídico, relativo a la preparación de sus declaraciones de impuestos.
Pero el Tribunal de Apelación del 9º Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco, dio la razón al juez de primera instancia al afirmar que el asesoramiento jurídico tenía que ser el propósito "principal" de la comunicación para poder acogerse al privilegio abogado-cliente.
Ese fallo estuvo en desacuerdo con lo que algunos otros tribunales federales de apelación han dictaminado en casos similares, y varios grupos de abogados, como la Asociación Americana de Abogados, presentaron escritos instando a los jueces a adoptar una norma más amplia para el privilegio.
Durante los argumentos del 9 de enero, algunos jueces cuestionaron por qué el estándar del 9º Circuito era erróneo, con la jueza liberal Sonia Sotomayor señalando que "la gran mayoría de los estados utilizan la prueba del propósito primario".
La jueza liberal Elena Kagan señaló que hasta 2014 ningún tribunal federal de apelaciones había sugerido que se aplicara una norma diferente. Bromeando, pidió a un abogado del bufete que comentara "el antiguo principio legal de 'si no está roto, no lo arregles'".
