En diciembre, algunos familiares de las víctimas dijeron que el Departamento de Justicia violó sus derechos cuando llegó al acuerdo de enero de 2021 con Boeing sobre los dos accidentes ocurridos en un periodo de cinco meses en los que murieron 346 personas.
Argumentaron que el gobierno estadounidense "mintió y violó sus derechos a través de un proceso secreto", y pidieron a un juez que anulara la inmunidad de Boeing frente a procesos penales, que formaba parte del acuerdo de 2.500 millones de dólares, y que ordenara que el fabricante de aviones compareciera públicamente por los cargos de delito grave.
Paul Cassell, abogado de las familias, dijo que en la reunión con Garland "expresaron nuestra opinión de que el departamento, bajo la administración anterior, ignoró sus obligaciones en virtud de la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos, y nuestra esperanza de que intervenga para corregir este error".
El Departamento de Justicia no hizo comentarios inmediatamente.
El acuerdo de enero de 2021 permitió a Boeing evitar el procesamiento, e incluye una multa de 243,6 millones de dólares, una compensación a las aerolíneas de 1.770 millones de dólares y un fondo de 500 millones de dólares para las víctimas del accidente por los cargos de conspiración de fraude relacionados con el diseño defectuoso del avión.
El acuerdo del Departamento de Justicia puso fin a una investigación de 21 meses sobre el diseño y el desarrollo del 737 MAX tras los dos accidentes, en Indonesia y Etiopía en 2018 y 2019.
En octubre, un antiguo piloto técnico jefe de Boeing fue acusado de fraude por engañar a los reguladores federales que evaluaban el avión 737 MAX de la compañía. Ha negado haber actuado mal.
Los accidentes, que costaron a Boeing unos 20.000 millones de dólares y provocaron la inmovilización del avión durante 20 meses, que se levantó a finales de 2020, hicieron que el Congreso aprobara una legislación para reformar la certificación de los nuevos aviones.
La multa de 243 millones de dólares, que según el Departamento de Justicia se sitúa en el "extremo inferior" de las directrices de sentencia, representa la cantidad que Boeing se ahorró por no implementar la formación en simuladores de vuelo completos.
