El parlamento de Ghana, que lleva aplazado desde marzo tras una disputa entre el presidente de la cámara y el presidente por un proyecto de ley anti-LGBT, volverá a reunirse el viernes para debatir la aprobación de los nombramientos ministeriales y otros "asuntos urgentes".

El líder de la mayoría, Alexander Afenyo-Markin, declaró en un comunicado que la convocatoria urgente era "de buena fe para permitir al gobierno cumplir sus obligaciones constitucionales y democráticas con el pueblo".

En febrero, los legisladores aprobaron por unanimidad uno de los proyectos de ley anti-LGBT más restrictivos de África, pero el presidente Nana Akufo-Addo aún no lo ha convertido en ley. Su oficina dijo que esperaría al resultado de dos impugnaciones legales al proyecto de ley antes de que pasara al presidente para su aprobación.

El retraso provocó la reacción de los partidarios del proyecto de ley y ha entorpecido los procedimientos parlamentarios en Ghana, incluida la aprobación de los nombramientos ministeriales tras la remodelación del gobierno en febrero.

El presidente Alban Bagbin, que levantó la sesión parlamentaria en marzo, declaró que la negativa del presidente a firmar el proyecto de ley era inconstitucional.

Unos 21 nombramientos para puestos ministeriales y viceministeriales, entre ellos dos para el ministerio de Finanzas, y otros asuntos programados, están pendientes de aprobación.

Afenyo-Markin, legislador del partido gobernante por la circunscripción de Effutu, en el centro de Ghana, dijo que en la sesión de emergencia del viernes también se estudiará un acuerdo de préstamo de 150 millones de dólares entre el gobierno y la Asociación Internacional de Desarrollo del Banco Mundial para mejorar la capacidad de recuperación económica de Accra, y exenciones fiscales para las empresas.

La oficina del portavoz dijo a Reuters que es "deber constitucional" de Bagbin destituir a los diputados, y que la sesión se limitará a los motivos expuestos.

La decisión del presidente de aplazar la firma del proyecto de ley se produjo tras la advertencia del Ministerio de Finanzas de que podría poner en peligro 3,8 millones de dólares de financiación del Banco Mundial y hacer descarrilar un paquete de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 3.000 millones de dólares.

El Tribunal Supremo pidió a los abogados que se enfrentaban por la legalidad del proyecto de ley anti-LGBT que modificaran sus mociones debido al lenguaje insultante de sus escritos y, a continuación, aplazó el caso sin fijar una nueva fecha.