En uno de los periodos más oscuros de la historia de Indonesia, algunos historiadores y activistas han calculado que al menos 500.000 personas murieron en la violencia que comenzó a finales de 1965 después de que el entonces general Suharto y los militares tomaran el poder tras un golpe comunista frustrado. Un millón o más de personas fueron encarceladas, sospechosas de ser comunistas.

"Con una mente y una conciencia claras y auténticas, yo, como jefe de Estado, reconozco que hubo graves violaciones de los derechos humanos en muchos acontecimientos", declaró.

"Y lamento profundamente que esas violaciones ocurrieran".

El presidente, conocido comúnmente como Jokowi, citó otros 11 incidentes, que abarcan un periodo entre 1965 y 2003, anteriores a su mandato como dirigente, entre ellos la muerte a tiros y el secuestro de estudiantes durante las protestas contra el gobierno de tres décadas de Suharto a finales de la década de 1990.

Los estudiantes que lideraban las protestas fueron el blanco de los disparos y también hubo muchas víctimas durante este periodo de la comunidad china, una minoría en el país de mayoría musulmana más grande del mundo y a veces resentida por su supuesta riqueza.

Jokowi dijo que el gobierno trataría de restablecer los derechos de las víctimas "de forma justa y sensata, sin negar la resolución judicial", aunque no especificó cómo.

El presidente también citó las violaciones de los derechos humanos en la conflictiva región de Papúa, señalando que su reconocimiento se produjo tras leer los resultados recibidos de un equipo que formó en 2022 para investigar estas violaciones.

Algunos activistas se mostraron escépticos y dijeron que el reconocimiento y la expresión de arrepentimiento no eran suficientes sin que los casos se resolvieran legalmente en los tribunales y se juzgara a los autores, señalando que los casos habían sido a menudo desestimados por la Fiscalía General, encargada de investigar las violaciones de los derechos.

Cualquier expresión de arrepentimiento debe incluir también una reafirmación de que "los graves crímenes del pasado deben resolverse de forma correcta y justa a través de medios judiciales", afirmó Usman Hamid, de Amnistía Internacional, y añadió que las víctimas necesitan obtener reparación.

Presidentes anteriores también han reconocido tales violaciones. El difunto presidente Abdurrahman Wahid pidió perdón por el derramamiento de sangre de 1965, mientras que el presidente B.J. Habibie formó un equipo para investigar la violencia en 1998.