La orden establecerá un grupo de trabajo que tendrá el mandato legal y la financiación estatal para investigar y recuperar los activos del gobierno adquiridos ilícitamente y solicitar la extradición de los sospechosos implicados, dijo la presidencia en un comunicado.

No nombró a ningún sospechoso ni estimó las pérdidas para el Estado, pero citó la necesidad de "poner freno a esta alarmante amenaza que ha sumido a nuestro país y abordar la situación de la conversión de bienes públicos... para uso privado por parte de funcionarios colocados en puestos de confianza".

Boakai, que derrotó a su predecesor George Weah en las elecciones de noviembre, ganó con la promesa de atajar la corrupción endémica y mejorar los medios de subsistencia en la nación de África Occidental, donde más de la mitad de sus 4,5 millones de habitantes viven en la pobreza.

En febrero, Boakai encargó una auditoría de tres instituciones gubernamentales, incluido el banco central. Centrada en el periodo comprendido entre 2018 y 2023, la investigación deberá presentar sus conclusiones en un plazo de tres meses.

En enero, el organismo de control anticorrupción Transparencia Internacional (TI) destacó las reformas positivas introducidas por la administración de Weah en 2022-2023, pero afirmó que la impunidad de la corrupción seguía siendo alta, ya que estas reformas aún no se habían realizado plenamente.

Liberia ocupó el puesto 145 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de TI en 2023.

Un representante de Weah no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la orden ejecutiva de Boakai.