El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, estableció la investigación en diciembre para recopilar pruebas e identificar a los responsables de los abusos con vistas a futuros enjuiciamientos. Etiopía prometió no cooperar, describiendo la medida -impulsada por los Estados occidentales- como "políticamente motivada".

La Asamblea General de la ONU, de 193 miembros, con sede en Nueva York, tiene que aprobar la financiación de la investigación por parte de un panel de expertos de tres miembros. La votación prevista para el jueves es sobre una resolución redactada por Etiopía para negar la financiación.

Human Rights Watch instó a los Estados miembros de la ONU a rechazar la medida etíope.

"Los gobiernos preocupados por las numerosas víctimas de atrocidades y otros crímenes en Etiopía deberían poner en marcha la comisión, con plena financiación, lo antes posible", dijeron Louis Charbonneau, director de Human Rights Watch en la ONU, y Lucy McKernan, subdirectora de Human Rights Watch en Ginebra.

La guerra estalló hace 16 meses entre las tropas federales de Etiopía y las fuerzas leales al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), que controla la región de Tigray. Los combates se extendieron el año pasado desde Tigray a las regiones vecinas de Amhara y Afar antes de que las fuerzas rebeldes de Tigray fueran rechazadas.

En noviembre, una investigación conjunta de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, nombrada por el Estado, y de la oficina de derechos de la ONU determinó que todas las partes del conflicto de Tigray habían cometido violaciones que podrían equivaler a crímenes de guerra.

El embajador de Etiopía ante la ONU, Taye Atske Selassie Amde, declaró el miércoles a Reuters que la medida del Consejo de Derechos Humanos de establecer la nueva investigación "socavaba completamente" los esfuerzos de la investigación conjunta.

"El Consejo de Derechos Humanos se utiliza indebidamente para promover una agenda política sesgada de otros que creen que las organizaciones nacionales africanas de derechos humanos no son capaces de investigar las violaciones de los derechos humanos y hacer que los infractores rindan cuentas", dijo.