La advertencia de la oficina de auditoría, conocida como el Tribunal de Cuentas, llega en un momento delicado para el gobierno del presidente Emmanuel Macron tras las elecciones parlamentarias de este mes.
Las elecciones dieron lugar a un parlamento indeciso, pero aunque ningún partido obtuvo una mayoría absoluta, la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) y la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular obtuvieron buenos resultados, y ambos bloques prometieron grandes programas de gasto público.
El Tribunal de Cuentas reiteró que era vital que Francia redujera su déficit público, que aumentó a 154.000 millones de euros en 2023 desde los 125.800 millones de 2022.
"Debido a los retrasos en la realización de verdaderas reformas estructurales, el coste de la deuda pública, exacerbado por los déficits recurrentes y el peso de estos déficits, se ha encarecido cada vez más", afirmó.
Esto "ha obstaculizado otros gastos, dificulta la capacidad de realizar inversiones y deja al país peligrosamente expuesto en caso de un nuevo choque macroeconómico", añadió.
DEUDAS POR PAGAR
Pierre Moscovici, ex ministro francés de Finanzas que dirige el Tribunal de Cuentas, destacó el aumento de los costes del servicio de la deuda francesa.
"Ya pagamos 52.000 millones de euros al año para devolverla. Pagaremos 80.000 millones de euros para reembolsarla en 2027. Esto significa que ya no hay margen de maniobra para hacer el resto, para la educación, la justicia, la seguridad y la financiación de la transición ecológica", declaró Moscovici a la radio France Inter.
La oficina de auditoría afirmó que los programas de financiación pública de Francia no tenían debidamente en cuenta los costes ligados a las políticas destinadas a proteger el medio ambiente, como el uso de más energías renovables, y que esto suponía un "choque negativo importante".
Dijo que se estimaba que las inversiones adicionales necesarias para tales políticas acarrearían unos costes anuales adicionales de 60.000 millones de euros al año de aquí a 2030.
El pasado mes de septiembre, el operador de la red eléctrica francesa RTE afirmó que eran necesarias inversiones masivas a corto y medio plazo en el sector eléctrico, ya que el país pretende reducir aún más sus emisiones de carbono y continuar con el abandono de los combustibles fósiles para 2050.
Una investigación publicada este año por legisladores de la UE pertenecientes a partidos políticos verdes también afirmaba que la UE necesitará 1,5 billones de euros anuales de inversiones para cumplir su objetivo de emisiones netas cero para 2050.
El mes pasado, la Comisión Europea declaró que Francia y otros seis países debían ser sancionados por registrar déficits presupuestarios superiores a los límites de la UE, y que en noviembre se fijarían plazos para reducir los desfases.
Francia tenía un desfase presupuestario del 5,5% del producto interior bruto (PIB) en 2023, frente al 4,8% de 2022 y por encima del límite de déficit del 3% establecido por la UE.
La deuda pública francesa era del 110,6% del PIB en 2023. La Comisión Europea prevé que aumente al 112,4% este año y al 113,8% en 2025, mientras que el límite de la UE es del 60%.
El gobierno de Macron se ha comprometido a cumplir el límite de déficit de la UE del 3% para 2027, pero las perspectivas se han complicado por el bloqueo parlamentario.
Las agencias de calificación crediticia Moody's y S&P Global han advertido de los efectos negativos sobre la economía francesa del bloqueo político, en el que ningún partido político obtuvo una mayoría absoluta.
(1 dólar = 0,9164 euros) (Información de Sudip Kar-Gupta; Información adicional de Tassilo Hummel; Edición de Jason Neely y Angus MacSwan)
