La medida de Budapest pretende desbloquear los fondos de la UE mientras el gobierno del primer ministro nacionalista Viktor Orban está enzarzado en batallas con Bruselas sobre la corrupción, la migración, los derechos LGBTQ y las normas democráticas.
La Comisión Europea ha estado reteniendo su aprobación para que Hungría recurra al dinero destinado a ayudar a levantar las economías de la pandemia del COVID-19, acusando al gobierno de Orban de socavar el estado de derecho.
Hungría también se enfrenta a sanciones financieras de la Unión Europea por los mismos problemas de Estado de Derecho, incluidos los procedimientos de licitación pública que no cumplen con las salvaguardas anticorrupción.
El gobierno presentará un proyecto de ley en el parlamento por el que se creará una autoridad anticorrupción independiente antes del 30 de septiembre y espera que se establezca antes del 21 de noviembre.
El nuevo organismo intervendrá si las autoridades húngaras no toman las medidas suficientes para "prevenir, investigar y solucionar los casos de fraude, conflicto de intereses, corrupción u otros delitos y abusos" en el gasto de los fondos de la Unión Europea, según el decreto.
El gobierno también creará un grupo de trabajo anticorrupción para asesorar a la autoridad. La mitad de los miembros del grupo serán delegados del gobierno y los otros serán representantes de organizaciones no gubernamentales.
El gobierno de Orban se ha visto sometido a una presión creciente en los últimos meses para llegar a un acuerdo con Bruselas, ya que la moneda forint ha alcanzado nuevos mínimos y la inflación sigue aumentando.
El jefe de gabinete del primer ministro Orban dijo el mes pasado que Hungría modificará antes de finales de octubre varias leyes criticadas por la Comisión Europea si se llega a un acuerdo sobre la ayuda financiera con el ejecutivo comunitario.
Gergely Gulyas también dijo que Hungría crearía un sistema "más estricto que nunca" y más transparente para supervisar el uso de los fondos de la UE y los contratos públicos.
