ROMA, 24 abr (Reuters) - Italia planea una controvertida legislación que facilitará a las empresas la contratación temporal de trabajadores, como parte de un conjunto de medidas destinadas a impulsar el empleo y el poder adquisitivo de las familias, que incluyen recortes fiscales para los trabajadores de rentas medias y bajas.
La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha convocado una reunión de su Consejo de Ministros para aprobar las normas el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
Altos cargos del Gobierno italiano dijeron que unos 3.400 millones de euros (3.730 millones de dólares) se destinarán a reducir este año la llamada cuña fiscal, la diferencia entre el salario que paga un empresario y lo que se lleva a casa un trabajador, beneficiándose de ello los empleados con unos ingresos anuales de hasta 35.000 euros.
La Hacienda italiana financiará el plan elevando marginalmente el déficit presupuestario de 2023 hasta el 4,5% del producto interior bruto (PIB), desde el 4,4% actual.
Roma también pretende suavizar las normas que limitan los contratos de trabajo de entre 12 y 24 meses, así como abolir a partir del 1 de enero de 2024 un esquema de alivio de la pobreza conocido como "salario de los ciudadanos" introducido en 2019, según un borrador al que tuvo acceso Reuters.
"El paquete recorta los recursos contra la pobreza y amplía el trabajo precario. Aprobarlo el 1 de mayo es una provocación", dijo el legislador del opositor Partido Democrático Antonio Misiani.
Roma afirma en el borrador que una mayor flexibilidad permite a las empresas adaptarse a las incertidumbres del mercado, mientras que los críticos dicen que la proliferación de contratos a corto plazo aumenta la inseguridad laboral y hace que la gente esté ansiosa por el futuro.
Meloni prevé nuevos programas sociales con un coste para los contribuyentes de 7.700 millones de euros en 2024, alrededor de un 12% menos que los 8.800 millones previstos para el régimen de salario ciudadano.
La gente con menos recursos de entre 18 y 59 años podrán solicitar 350 euros al mes durante un máximo de 12 meses.
El régimen de salario ciudadano proporciona una media de unos 550 euros por familia y no tiene fecha de caducidad siempre que los beneficiarios no rechacen ofertas de trabajo.
Meloni quiere sustituir este régimen para obligar a las personas sin discapacidad a buscar trabajo.
Las familias necesitadas compuestas por discapacitados, menores o personas de al menos 60 años podrán recibir más de 500 euros durante un máximo de 30 meses.
Otra desgravación fiscal válida hasta diciembre pretende animar a los empresarios a contratar a jóvenes que no trabajen ni estudien.
Los datos de la OCDE muestran que el 26% de los italianos de entre 15 y 29 años se encontraban en 2021 en una categoría conocida como NEET - Not in Education, Employment or Training -, muy superior a la media de la Unión Europea.
(1 dólar = 0,9114 euros)
(Edición de Gavin Jones; editado en español por José Muñoz)
