Las decisiones han consternado a algunas fuerzas de la oposición y desafían las repetidas advertencias de la Unión Africana, Estados Unidos y otras potencias extranjeras de que la junta no debe monopolizar el poder alargando la transición o presentando candidatos presidenciales.
Las autoridades militares prometieron originalmente una transición de 18 meses hasta las elecciones cuando Deby tomó el poder en abril de 2021 después de que su padre, el presidente Idriss Deby, muriera en el campo de batalla durante un conflicto con los insurgentes.
Según el nuevo plan, aprobado el sábado, la transición que debía finalizar este mes de octubre se ha prolongado dos años, lo que significa que las elecciones tendrían lugar hacia octubre de 2024.
También permite a Deby permanecer en el poder hasta la votación, aunque su Consejo Militar de Transición se disolverá y será sustituido por un gobierno de transición, nombrado por Deby.
En Malí, Burkina Faso y Guinea también se han producido golpes de Estado desde 2020, lo que hace temer un retroceso hacia el gobierno militar en una región que había hecho progresos democráticos en la última década.
Azotado por los conflictos y la sequía, Chad es uno de los países más pobres del mundo y también tiene uno de los niveles más altos de hambre. Cerca de 2 millones de personas se enfrentan allí a una grave escasez de alimentos este año, según el Programa Mundial de Alimentos.
El líder de la oposición, Brice Mbaimong Guedmabaye, dijo que las resoluciones fueron forzadas durante las conversaciones nacionales en curso que la junta había prometido que serían un foro inclusivo para negociar el camino de vuelta a la democracia.
"Hay grupos de presión que están haciendo todo lo posible para mantener a la junta en el poder en contra de la voluntad del pueblo", dijo Guedmabaye, que es presidente del partido Movimiento de Patriotas Chadianos por la República.
El diálogo nacional se anunciaba como una vía para lograr un consenso político entre las autoridades, la oposición política, los representantes de la sociedad civil y los grupos rebeldes, pero muchos han boicoteado, incluido el grupo insurgente más poderoso, el Frente para el Cambio y la Concordia en Chad (FACT) que amenazó con marchar sobre la capital el año pasado.
Algunos participantes en las conversaciones están preocupados por la probable reacción internacional que podría aislar a Chad y obstaculizar el desarrollo económico del país petrolero, donde alrededor del 42% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según el Banco Mundial.
"Tememos las sanciones de la Unión Africana y de la comunidad internacional, que no harán más que agravar el sufrimiento del pueblo chadiano", declaró Daouda Elhadj, que participa en las conversaciones como director de una organización de protección de los consumidores.
