A pesar de las protestas públicas y de las advertencias de la UE, el primer ministro Robert Fico desmanteló el organismo de la USP mientras sus críticos hacen sonar la alarma de que está dañando la democracia en el antiguo país comunista de unos 5,5 millones de habitantes.
"La Comisión lamenta la disolución de la Fiscalía Especial sin la introducción de salvaguardias que garanticen que las investigaciones puedan continuar con eficacia", declaró un portavoz a Reuters.
Dijo que eso "podría socavar la eficacia de las investigaciones, sobre todo en delitos que afectan al presupuesto de la UE".
La Comisión evaluará las consecuencias, añadió el portavoz, y "no dudará en tomar medidas para garantizar el respeto de la legislación de la UE y la protección de los intereses financieros de la UE, según sea necesario."
