La Unión Europea ya cuenta con normas para productos que van desde los electrodomésticos hasta los juguetes, pero ahora quiere un sistema para su transición ecológica y digital que vaya más allá de la seguridad o la interoperabilidad de los productos e incluya criterios medioambientales y laborales, así como sus valores democráticos.

"Las normas técnicas tienen una importancia estratégica. La soberanía tecnológica de Europa, su capacidad para reducir las dependencias y la protección de los valores de la UE dependerán de nuestra capacidad para ser un organismo normativo mundial", declaró en un comunicado el Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

El uso del hidrógeno como combustible limpio, el aumento de la producción de baterías, los dispositivos conectados y la inteligencia artificial plantean cuestiones sobre normas medioambientales y laborales, protección de datos y ciberseguridad.

Los funcionarios de la UE señalan la nueva estrategia china sobre normalización, introducida a finales del año pasado, y afirman que esto pone de manifiesto la necesidad de que el bloque actúe con mayor rapidez y aúne fuerzas con otros países "de ideas afines".

El Ejecutivo comunitario también financiará proyectos de normalización en los países vecinos y en África.

La propuesta de la Comisión quiere que se establezcan más normas con mayor rapidez para las vacunas y medicamentos COVID-19, el reciclaje de materias primas críticas, el hidrógeno limpio, el cemento bajo en carbono, los semiconductores y los datos.

Según los funcionarios de la UE, la elaboración de normas puede llevar de cuatro a seis años.

La propuesta de la Comisión pretende alinear los proyectos financiados por su programa de investigación e innovación Horizonte Europa con sus objetivos de normalización y, dado que muchos expertos se acercan a la edad de jubilación, promoverla como una oportunidad profesional para los jóvenes.

La propuesta también dará más voz a las autoridades nacionales de los 27 Estados miembros de la UE en el establecimiento de normas, para limitar la influencia de empresas u organismos no comunitarios en ámbitos como la ciberseguridad y el hidrógeno.