Los laboriosos procedimientos institucionales del país significan que eso no ocurrirá durante al menos un mes, durante el cual el primer ministro saliente, Mario Draghi, sigue en el cargo. Esta semana emitirá nuevas previsiones económicas que se espera que muestren un panorama más sombrío, según las fuentes.
La primera tarea de Meloni, líder de los Hermanos de Italia de extrema derecha, será encontrar miles de millones de euros para mantener sus promesas electorales de suavizar los costes energéticos, recortar los impuestos y bloquear un aumento de la edad de jubilación que debe entrar en vigor a partir de enero.
La crisis energética "será la primera prueba para el nuevo gobierno", dijo a los periodistas el líder de la Liga, Matteo Salvini, su principal aliado en la coalición.
Draghi ya ha reservado 66.000 millones de euros (63.630 millones de dólares) este año para exenciones fiscales y subsidios para ayudar a las empresas que consumen mucha energía y a los hogares pobres.
Éstas expiran en noviembre, y prorrogarlas un mes más supondría un coste de 4.700 millones de euros, según los funcionarios del Tesoro.
A Meloni le ayuda el hecho de que el aumento de los precios de la energía incrementa los ingresos del gobierno procedentes de los impuestos especiales y del impuesto sobre el valor añadido, lo que significa que probablemente pueda encontrar el dinero sin aumentar el endeudamiento del Estado, dijeron los funcionarios.
Sin embargo, con el rápido deterioro de la actividad empresarial en toda la zona euro, es probable que tenga que aprobar medidas similares en 2023.
Con un coste adicional de 3.500 millones de euros, el nuevo gobierno también planea prorrogar hasta 2023 las exenciones fiscales existentes para los trabajadores que expiran este año, según declaró a Reuters un alto asesor de Meloni que se postula para un puesto destacado en el gabinete.
Las pensiones son otro problema que Meloni tiene que abordar rápidamente.
Un régimen temporal que permite a las personas cobrar una pensión estatal a los 64 años expira en diciembre, después de lo cual la edad aumentará a los 67 en virtud de una impopular reforma de 2011 que Salvini quiere desechar.
El bloqueo del aumento de la edad de jubilación se sumará a una factura de pensiones estatales que es la segunda más alta de la zona euro en proporción a la producción nacional, después de Grecia.
Como las pensiones están indexadas, la tasa de inflación de casi dos dígitos de Italia está agravando el problema. En junio, el Tesoro dijo que la factura de las pensiones aumentaría el próximo año hasta el 16,2% del producto interior bruto, frente al 15,7% previsto para 2022.
