Los militares tomaron el poder a finales de enero, deponiendo al presidente Roch Kabore en un golpe de estado y alegando lo que describen como su incapacidad para contener a los insurgentes islamistas que controlan franjas de territorio.

"Para establecer una democracia viable lo primero que tenemos que hacer es limpiar el territorio (de islamistas), para permitir que vuelva la paz", dijo el portavoz de la junta, Lionel Bilgo, en una conferencia de prensa en Uagadugú.

La junta había dicho previamente que pretendía una transición a la democracia de 36 meses.

Los líderes de la CEDEAO le exigieron la semana pasada que acortara ese periodo a "un plazo más aceptable", pero el jueves hubo pocos indicios de ello.

La ministra de Asuntos Exteriores, Olivia Rouamba, nombrada por la junta, dijo que 36 meses eran "realistas" dado el objetivo declarado de restaurar la seguridad.

La junta también dijo que se estaba discutiendo la posibilidad de permitir a Kabore, que ha estado bajo arresto domiciliario desde el golpe, volver a una residencia de su elección. La CEDEAO había pedido su liberación inmediata e incondicional.

"Las conversaciones (...) están en curso, con vistas a permitir que el ex presidente regrese a una residencia familiar de su elección, garantizando al mismo tiempo su seguridad", dijo la junta en un comunicado.

No especificó quién estaba participando en las conversaciones.

La CEDEAO ha impuesto sanciones a Malí y a Guinea, cuyos gobernantes militares están dando largas a la vuelta al orden constitucional.

Burkina Faso se ha librado hasta ahora, pero podría ser el siguiente si no hace concesiones.